Esteban Castruita Bautista, abogado particular de María Guadalupe Álvarez Haro, expone la negligencia y el abuso de autoridad por parte de tres jueces de control del Distrito Judicial de la capital: Josué Barrón Oliva, Maximiliano Villavicencio Salinas y Antonio Guerrero Gutiérrez. Según relata el abogado, el pasado 8 de marzo se le hizo del conocimiento … Leer más
Esteban Castruita Bautista, abogado particular de María Guadalupe Álvarez Haro, expone la negligencia y el abuso de autoridad por parte de tres jueces de control del Distrito Judicial de la capital: Josué Barrón Oliva, Maximiliano Villavicencio Salinas y Antonio Guerrero Gutiérrez.
Según relata el abogado, el pasado 8 de marzo se le hizo del conocimiento al juez de Control Josué Barrón Oliva, que había decretado equivocadamente el arraigo de una persona en la vivienda ubicada en la calle del Oro, número 114 de la colonia Sierra de Álica de la capital.
El error consiste en que este domicilio corresponde a la clienta de Castruita Bautista, quien asegura no tener ningún tipo de relación con la persona detenida, por lo que solicitó urgentemente la corrección del arraigo.
Sin embargo, el juez Maximiliano Villavicencio Salinas, quien el 10 de marzo negó a Álvarez Haro el cambio en el arraigo, por lo que el 31 de marzo la afectada y su abogado insistieron al juez que reconsiderara su negativa, recordándole que se estaban violentando los derechos humanos y las garantías constitucionales de legalidad y de las formalidades esenciales del procedimiento; el juez mantuvo su decisión.
Optaron entonces por solicitar una entrevista con el magistrado Armando Ávalos Arellano, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) para que tomara cartas en el asunto, pero tampoco dio solución al caso, explica Esteban Castruita.
En busca de otras posibles soluciones, el 26 de abril se le solicitó al juez Antonio Guerrero Gutiérrez la
revisión de la medida cautelar, en el sentido de que la resguardada debía ser internada en el Centro de Reinserción Femenil de Cieneguillas.
Guerrero Gutiérrez, decidió que la medida cautelar debía mantenerse por otros dos meses sin fundar ni motivar su resolución conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requisito indispensable para su dictado, asegura Esteban Castruita Bautista
Finalmente, la afectada y su representante legal interpusieron una denuncia administrativa ante el TSJE en contra de los citados jueces, a fin de que se les finque responsabilidades administrativas y penales.
Imagen Zacatecas – Luis Enrique Reyna