

FOTO: Jesús Padilla, diputado local
Diputados buscan sancionar con cárcel e inhabilitar a los servidores públicos que retengan contribuciones de seguridad social.
ZACATECAS.- Diputados buscan sancionar con cárcel e inhabilitar a los servidores públicos que retengan contribuciones de seguridad social o impuestos sin entregarlos a las autoridades competentes.
La iniciativa propone reformar al artículo 194 del Código Penal, para incluir como delito de abuso de autoridad el retener contribuciones o impuestos sin entregarlos a la autoridad competente.
Asimismo, se reforma el primer párrafo del artículo 195 para aumentar las penas, estableciendo prisión de uno a ocho años, multas de 50 a 200 cuotas y destitución del empleo.
La iniciativa la presentó el diputado de Morena Jesús Padilla Estrada contempla la inhabilitación hasta por seis años para ejercer cargos públicos.
La propuesta, afirmó el diputado, busca combatir la corrupción y fortalecer las finanzas públicas, afectadas por desvíos millonarios.
El legislador destacó que, aunque la Constitución establece la obligación de contribuir al gasto público, algunas autoridades violan este principio.
Esto al retener recursos destinados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Impuesto Sobre la Renta (ISR) o el Impuesto Sobre Nóminas.
Estos fondos, en lugar de ser entregados, son desviados para otros fines, lo que genera graves afectaciones a las arcas estatales y municipales.
Padilla Estrada señaló que esta práctica ha dejado a varios municipios de Zacatecas en una situación financiera crítica.
Destacó que Trancoso, Sombrerete, Villa González Ortega, Chalchihuites y Luis Moya tienen adeudos superiores al total de sus participaciones federales, lo que compromete su operatividad.
Es por ello que, los diputados buscan que las contribuciones de los trabajadores sean entregadas a las autoridades competentes.
“Sin recursos, el Estado y los municipios no pueden cumplir con sus obligaciones constitucionales, como garantizar salud, educación, seguridad e infraestructura”, afirmó.
El diputado subrayó que esta reforma busca proteger el erario estatal y municipal, así como garantizar que los recursos se destinen a fines sociales prioritarios.
“Es necesario castigar ejemplarmente a quienes, desde el servicio público, dañan las finanzas y privan a la sociedad de servicios esenciales”, expresó.