

David Octavio García Flores, director de la JIAPAZ. | Foto: Cortesía.
El Runrún de hoy, domingo 01 de febrero del 2026.
En tiempos donde la política suele confundirse con el espectáculo, la decisión del director de la JIAPAZ, David Octavio García Flores, de congelar las tarifas del agua potable durante 2026, destaca por su sobriedad, eficacia y sentido social.
No hubo estridencia ni discursos grandilocuentes; hubo una determinación administrativa clara, con impactos reales en la economía familiar y con una lectura política inteligente.
Congelar tarifas en un arranque de año con alto nivel inflacionario, implica entender que los servicios básicos no deben convertirse en instrumentos de presión económica ni en botín de coyunturas electorales. La medida, alineada con el llamado Año del Progreso en Zacatecas, envía un mensaje de que cuando existe voluntad, se puede gobernar con sentido de responsabilidad y sin especular con el futuro político personal.
Este acierto muestra que García Flores no sólo está bien asesorado, sino que comprende el alcance de sus decisiones más allá de lo técnico. Mantener estables las tarifas de agua, alcantarillado y saneamiento fortalece la legitimidad institucional, reduce tensiones sociales y contribuye a un entorno de gobernabilidad.
Además, el anuncio se complementa con acciones de fondo, como la incorporación de nuevos pozos, lo que demuestra que no se trata de una ocurrencia, sino de una política integral. Sin aspavientos, la JIAPAZ muestra que se puede hacer lo correcto y hacerlo bien.
Estrategia de seguridad vs sentir social
La coincidencia no pudo ser más incómoda ni más reveladora. Mientras Zacatecas se vestía de anfitrión para recibir a los gobernadores del occidente mexicano —Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Jalisco y Michoacán— y presumir una estrategia de seguridad orientada a la disminución de homicidios dolosos, cuando la realidad decidió irrumpir sin pedir permiso.
En ese mismo momento, en la carretera de Villanueva a Tabasco, se desplegaba un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad tras una agresión directa contra la Policía Estatal. Las imágenes que circularon hablan por sí solas: explosiones de gran intensidad, armamento de alto poder y una capacidad operativa de los grupos delincuenciales que contradice cualquier narrativa triunfalista. No fue un incidente menor.
Mucho contraste, por un lado, discursos cuidadosamente elaborados para proyectar control, coordinación y paz; del otro, una escena que recuerda que la violencia en Zacatecas no pide audiencia ni respeta agendas políticas. El mensaje que se buscaba enviar a los mandatarios invitados quedó en entre dicho, y con ello se encendieron dudas legítimas sobre la profundidad real de los avances en materia de seguridad.
No se trata de negar esfuerzos ni de desestimar estrategias, pero sí de reconocer que la seguridad no se mide en foros ni en cifras aisladas. Se mide en carreteras seguras, en policías seguros y en ciudadanos que no viven al filo del miedo. Lo ocurrido obliga, más que a discursos optimistas, a redoblar esfuerzos con humildad, autocrítica y acciones contundentes. Porque la realidad, como quedó claro ese día, siempre termina por imponerse.
Plenaria de Morena deja señales rumbo Zacatecas
Este sábado, la reunión plenaria de las y los diputados federales de Morena no solo sirvió para afinar la agenda legislativa con la que inicia el periodo ordinario de sesiones esta misma semana. También funcionó, como suele ocurrir en la política real, como un discreto pero elocuente termómetro de aspiraciones rumbo a 2027.
En el plano formal, el mensaje fue de cohesión: diálogo con integrantes del gabinete federal, énfasis en la agenda social, la defensa de la soberanía, la atención a migrantes y la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Sin embargo, en el plano político-electoral, lo relevante estuvo en las presencias —y ausencias—.
En ese escenario, Zacatecas no pasó desapercibido. De los legisladores federales que aspiran a la candidatura al gobierno del estado, solo tres acudieron y se dejaron ver con claridad: Alfonso Ramírez Cuéllar, Ulises Mejía Haro y José Narro Céspedes. Los tres participaron activamente, sostuvieron encuentros y, sobre todo, enviaron el mensaje de que están en la cancha y en el momento adecuado.
No es una definición, pero sí una ventaja temprana. Mientras desde algunas oficinas gubernamentales se intenta minimizar estas lecturas, la política se mueve con símbolos. La próxima plenaria de senadores dará nuevas señales. Por ahora, estos tres nombres toman la delantera, aunque en Morena nadie lo diga en voz alta.

IMSS-Bienestar reconoce bono, pero adeudo sigue pendiente
El movimiento de los trabajadores de la salud ha conseguido ya un primer triunfo que no debe minimizarse: el IMSS-Bienestar reconoció formalmente como prestación laboral el bono de profesionalización para enfermería y trabajo social.
Ese paso, aunque insuficiente por ahora, tiene un peso político y jurídico relevante, pues desmonta cualquier argumento que pretendiera negar la legitimidad de la exigencia sindical.
Sin embargo, el reconocimiento por sí solo no resuelve el problema de fondo. Hoy el obstáculo ya no es si el bono existe o no, sino de dónde saldrá el recurso para cubrir los adeudos acumulados. La falta de una fuente de financiamiento clara mantiene a cerca de 300 trabajadores en la incertidumbre y evidencia las debilidades administrativas del nuevo esquema del IMSS-Bienestar.
Frente a ese escenario, resulta comprensible que la Sección 39 del SNTSA mantenga la presión mediante protestas y paros simbólicos. No se trata de un capricho ni de una estrategia radical, sino de la única herramienta que ha permitido avanzar en una demanda que llevaba años atorada en el limbo burocrático.
El mensaje del sindicato es que mientras el bono no se vea reflejado en sus cuentas, las movilizaciones continuarán. El balón está ahora en la cancha de las autoridades federales, que deberán pasar del reconocimiento discursivo a una solución financiera concreta. Sólo entonces podrá hablarse de un conflicto resuelto y de respeto pleno a los derechos laborales del personal de salud.
Educación superior en Zacatecas, rehén de improvisación
La educación superior en Zacatecas atraviesa una crisis que ya no admite tregua.
El caso más grave es el de la Universidad Politécnica de Zacatecas, donde ya se cumplió un mes de paro laboral sin que exista una solución clara, lo que refleja la incapacidad institucional para atender conflictos previsibles y legítimos.
Pero no es un hecho aislado. Esta misma semana, el Centro de Actualización del Magisterio abrió un nuevo frente al estallar un paro de actividades para exigir algo tan básico como el nombramiento de un director.
A ello se suma el Instituto Tecnológico Superior de Jerez, donde trabajadores denuncian acoso laboral y presiones del director Roque Márquez, a quien señalan de desconocer el sistema educativo y de conducirse como dueño de la institución, amparado —dicen— por la protección política que asegura tener. Pensar en relevar a los que no funcionan podría ser una buena opción.
Runrunazos
Mientras el IEEZ reconoce un déficit presupuestal, su Consejo General decide autorizarse un aumento salarial del cinco por ciento, enviando un mensaje de desconexión con la realidad financiera del estado. Aunque se argumente la libertad individual para aceptar o rechazar el incremento, la decisión institucional ya está tomada. En un contexto de austeridad forzada y exigencias ciudadanas de eficiencia, priorizar percepciones internas por encima de la credibilidad pública resulta, cuando menos, políticamente torpe.