

Roque Márquez, director del ITSJ. | Foto: Cortesía.
El Runrún de hoy, miércoles 29 de abril del 2026.
El conflicto entre el ayuntamiento de Zacatecas y el gobierno estatal por la responsabilidad del alumbrado público en el Periférico Bicentenario, conocido como Tránsito Pesado, refleja una persistente falta de coordinación institucional.
Mientras el municipio sostiene que la infraestructura corresponde al estado, la evidencia documental muestra que la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó formalmente el tramo del kilómetro siete al 15 al propio municipio, durante la administración de Arnoldo Rodríguez Reyes.
El acta firmada por el entonces director del Centro SCT, José Antonio González Mendoza, no solo establece la entrega-recepción de la obra, sino también la transferencia de materiales y suministros para su operación. Este hecho debiera cerrar la discusión sobre la titularidad de la responsabilidad.
En este contexto, el actual ayuntamiento encabezado por Miguel Varela Pinedo enfrenta la obligación de asumir el mantenimiento y suministro de energía eléctrica en dicho tramo.
Más allá del intercambio de posturas políticas, lo urgente es garantizar el funcionamiento del alumbrado. La ciudadanía requiere soluciones. Es indispensable priorizar el servicio público sobre diferencias políticas. Leo político que logre regularizar el servicio en esa zona podría colgarse una medalla que rumbo al 2027 abona a cualquier proyecto, Miguel Varela tiene la oportunidad, veremos si la aprovecha.
SCJN corrige otra vez a la Legislatura local
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar la invalidez del artículo 4° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información por haber incorporado un supuesto de reserva por “seguridad nacional”, representa un nuevo revés para la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas.
La Corte recordó que la clasificación por seguridad nacional es una facultad exclusiva de la Federación, mientras que en el ámbito estatal las reservas deben justificarse únicamente por razones de seguridad pública, no de seguridad nacional.
El error legislativo, aparentemente reducido a una sola palabra, tuvo efectos jurídicos suficientes para invalidar la disposición completa, lo que muestra problemas serios de técnica legislativa en el Congreso local.
Este no es un caso aislado, pues en semanas recientes el tribunal constitucional ha invalidado otras reformas zacatecanas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la calidad del trabajo legislativo o la asesoría técnica disponible.
En ese contexto, resulta indispensable que el Congreso estatal estudie bien sus procesos de revisión normativa y recurra a asesoría jurídica especializada, a fin de evitar errores que, como en este caso, pueden parecer menores pero terminan provocando la caída de disposiciones completas y afectando la seguridad jurídica del estado.
Conflicto político paraliza Instituto Tecnológico de Jerez Zacatecas
El conflicto que atraviesa el Instituto Tecnológico Superior de Jerez ha trascendido el ámbito estrictamente administrativo para convertirse en un asunto de fuerte carga política que ha generado preocupación en la comunidad educativa y en las autoridades estatales.
La posible destitución del director Roque Márquez y la posterior decisión de cerrar temporalmente la institución reflejan la profundidad del desacuerdo interno. El caso ha sido interpretado por algunos actores como una disputa donde lo administrativo se mezcla con intereses políticos más amplios.
En este contexto, se menciona la participación de la ex diputada Cuca Ávalos Márquez, señalada como figura influyente en el entorno del conflicto, aunque no existen resoluciones oficiales que confirmen responsabilidades directas. Las autoridades estatales han optado por intervenir y mantener suspendidas las actividades mientras se busca una solución que permita restablecer la normalidad institucional.
Más allá de las posturas encontradas, el episodio muestra la necesidad de separar con claridad la gestión educativa de las disputas partidistas, evitando que las instituciones públicas sean percibidas como espacios de control político. El reto para las partes involucradas será privilegiar el diálogo y el interés académico por encima de cualquier cálculo político o personal de forma responsable institucional.
Runrunazos
El Sistema Estatal Anticorrupción, que ahora encabeza Mirna Lizeth Caldera Barbosa, pese a los discursos solemnes y los nombramientos recientes, se ha convertido en un elefante blanco que poco aporta al combate real de la corrupción en Zacatecas. En la práctica, sus estructuras parecen diseñadas más para la burocracia que para la eficacia, mientras la ciudadanía sigue sin ver resultados concretos ni sanciones ejemplares. Muchos de quienes han ocupado cargos terminan usando el sistema como trampolín laboral, sin un compromiso real con la transparencia o la rendición de cuentas. Así, el sistema termina siendo simbólico y poco útil frente a la corrupción institucional en la práctica real.
El torneo Street Soccer impulsado en Zacatecas, impulsado por el Instituto de la Juventud y las empresas Telcel y Telmex, representa una estrategia valiosa para atender a la juventud en situación vulnerable. A través del deporte se promueven valores como disciplina, cooperación y liderazgo fundamentales para la convivencia social. Sin embargo su impacto dependerá de la continuidad del apoyo institucional y del seguimiento a los participantes. No basta con convocatorias se requiere acompañamiento real. Si se fortalece puede convertirse en una herramienta efectiva de prevención y desarrollo comunitario sostenible y transformación social positiva.