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El Runrún

El Runrún: En Sombrerete el año de Hidalgo llega con más impuestos

El Runrún: En Sombrerete el año de Hidalgo llega con más impuestos

Cabildo de Sombrerete aprueba aumentar impuestos para el 2027. | Foto: Cortesía.

El Runrún de hoy, domingo 01 de noviembre del 2026.

Grupo Imagenzac
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1 de noviembre 2026

En pleno «año de Hidalgo», algunos ayuntamientos parecen haber decidido que el último año de gobierno es momento de apretar el bolsillo de los ciudadanos. Es el caso de Sombrerete, donde el alcalde Ramiro Hinojoza Aguayo logró que el Cabildo aprobara, con ocho votos a favor y seis en contra, una Ley de Ingresos para 2027 que contempla recaudar casi 43 millones de pesos adicionales respecto a este año.
La propuesta pasa de 327 a 369 millones 870 mil pesos e incluye incrementos en predial, agua potable, servicios del rastro, panteones y otros derechos municipales. Destaca también el aumento de 1.73 a 3 por ciento en la tasa aplicable a plantas de beneficio y empresas mineras.
La pregunta es inevitable: ¿por qué en el último año de una administración, cuando además se asoma el proceso electoral de 2027, la prioridad parece ser recaudar más, en lugar de aliviar la economía de las familias?
En contraste, el Ayuntamiento de Guadalupe, encabezado por Pepe Saldívar, ha sostenido una postura distinta: reconocer que no son tiempos para golpear el bolsillo de los contribuyentes con mayores cargas económicas.
En Sombrerete, en cambio, la decisión de buscar mayores ingresos deja abierta la discusión sobre las prioridades de la administración municipal. Porque una cosa es fortalecer las finanzas públicas y otra muy distinta trasladar a los ciudadanos el costo de una mayor recaudación justo cuando termina un gobierno.
El llamado «año de Hidalgo» no debería confundirse con una oportunidad para cobrar hasta donde se pueda. Falta esperar que esa posibilidad se la apruebe la Legislatura, porque la bancada mayoritaria de MORENA no quiere pleitos con los ciudadanos.

MORENA tiene la última palabra para destapar candidata del PT
Para que el Partido del Trabajo presente oficialmente a su candidata a la gubernatura de Zacatecas, solamente falta que MORENA confirme que no habrá una segunda medición entre la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación, Verónica Díaz Robles, y la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre.
En cuanto Ariadna Montiel y Citlalli Hernández ratifiquen lo que políticamente ya se conoce en Michoacán, Nayarit, Nuevo León y Zacatecas, vendrá el destape oficial. No parece haber mayores sorpresas; únicamente falta el visto bueno de la dirigencia morenista.
Paralelamente, se cierra la mesa de negociación con Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza para definir la integración de una tercera coalición que podría competir en Zacatecas. Una alianza que, de concretarse, modificaría el tablero político y electoral de la entidad. Juntos estarían, con la candidatura de Geovanna Bañuelos, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.
No hay que perder de vista que el proceso electoral inicia el próximo día 20 de este mes y, para entonces, seguramente el panorama estará definido.
La paradoja es evidente: el Partido del Trabajo tiene candidata, tiene proyecto y tiene los tiempos encima, pero su decisión política todavía depende de MORENA. En esta nueva coalición, quien tiene la última palabra no es necesariamente quien pretende postular.

El ISSSTEZAC tiene larga vida y comienza su reconfiguración administrativa
El ISSSTEZAC tiene larga vida. Esa es la premisa que debe prevalecer frente a los desafíos financieros, administrativos e institucionales que enfrenta el organismo. Su historia, pero sobre todo su razón de ser, está ligada al derecho de miles de trabajadores y pensionados a contar con seguridad social y un retiro digno.
El mensaje del director general, José Ignacio Sánchez González, con motivo de su quinto informe de actividades, deja una lectura importante: el Instituto ha transitado por una etapa de transformación que buscó contener el deterioro y sentar bases para su recuperación.
Sin embargo, reconocer avances no significa ignorar los problemas heredados por la actual administración. El reto ahora consiste en dar un paso más: iniciar una reconfiguración administrativa que permita corregir inercias, optimizar recursos, fortalecer la transparencia y construir un modelo financiero sostenible.
La disciplina presupuestal, el diálogo con sindicatos y derechohabientes, así como las decisiones sustentadas en estudios actuariales, serán fundamentales para avanzar.
El ISSSTEZAC no está condenado a desaparecer. Tiene futuro, siempre que su transformación continúe y las decisiones privilegien el interés de trabajadores y pensionados. La institución necesita ajustes, responsabilidad y visión de largo plazo. Su larga vida dependerá de convertir los cambios administrativos en soluciones duraderas.

Zacatecas se cae a pedazos mientras los gobiernos se confrontan
Mientras las diferencias entre los tres órdenes de gobierno continúan por el cuidado, mantenimiento y rehabilitación del Centro Histórico de Zacatecas, la ciudad manda señales de alarma que ya no pueden ignorarse.
La caída de un fragmento de cantera durante el desfile de Día de Muertos, que dejó tres personas lesionadas, es una advertencia de la vulnerabilidad de nuestros edificios y, sobre todo, de los riesgos que enfrenta la ciudadanía.
Ya no podemos seguir tolerando discusiones interminables entre el INAH, representado por Raúl Pacheco Pérez; el Ayuntamiento, encabezado por Miguel Varela Pinedo, y la Dirección de Monumentos y Zonas Típicas del Gobierno estatal, a cargo de la arquitecta Raquel Ciceley Toribio.
Los tres ámbitos tienen atribuciones y responsabilidades que deben traducirse en acciones, no en diferencias burocráticas. Hace falta cordura, voluntad política y, principalmente, diálogo para establecer quién supervisa, quién mantiene y quién responde cuando ocurre una tragedia.
Zacatecas no puede darse el lujo de esperar a que suceda algo más grave. Sus fachadas se deterioran, sus balcones representan riesgos y sus calles reciben a miles de visitantes. El patrimonio no es propiedad de una dependencia: es responsabilidad de todos. La ciudad se nos cae a pedazos y nadie puede seguir mirando hacia otro lado.

Conflicto en el IMSS amenaza con afectar la atención médica
Los problemas entre los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sus dirigencias sindical y administrativa están lejos de terminar. Las protestas registradas nuevamente en Zacatecas son una señal de que el conflicto sigue creciendo y que, si no se atienden las demandas centrales del personal, las consecuencias podrían llegar hasta donde más preocupa: la atención médica de miles de derechohabientes.
El reclamo por un incremento salarial del 10 por ciento, frente al 8 por ciento autorizado, es apenas una parte del problema. Independientemente de que los aumentos sean aceptados o rechazados, de que resulten insuficientes o más cercanos a la realidad económica del país, lo verdaderamente preocupante es que persisten deficiencias estructurales que no se resolverán con ajustes salariales.
El desabasto de medicamentos, la falta de material, insumos y herramientas indispensables para trabajar son problemas que siguen esperando soluciones. Y mientras las autoridades discuten porcentajes, los trabajadores enfrentan condiciones que dificultan cumplir adecuadamente con sus responsabilidades.
A ello se suman las inconformidades por la representación sindical y las presuntas amenazas contra quienes participan en las movilizaciones, un escenario que profundiza la confrontación y deteriora el ambiente laboral.
La Dirección General del IMSS, que encabeza Zoé Robledo, y en Zacatecas Leopoldo Santillán, deben dejar de observar el conflicto a distancia. Es urgente escuchar, negociar y resolver. Porque si las demandas fundamentales siguen sin respuesta, el conflicto no terminará pronto y quienes terminarán pagando las consecuencias serán los pacientes.

Runrunazos
Los colectivos de maestros de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) tienen razón al exigir justicia y señalar a quienes, desde sus responsabilidades administrativas, contribuyeron a llevar a la institución a su actual situación financiera. No es justo que toda la comunidad universitaria pague las consecuencias de decisiones que, en su momento, fueron tomadas por unos cuantos, sin consultar a trabajadores, docentes ni estudiantes. La responsabilidad debe tener nombres y apellidos. En sus señalamientos aparecen Francisco Javier Domínguez Garay y Armando Silva Cháirez, a quienes se atribuye no haber actuado para evitar la ruptura institucional y, por el contrario, haber profundizado el problema al mantener contrataciones sin contar con la ampliación presupuestal correspondiente.

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