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El Runrún

El Runrún: Javier Torres ignora acuerdos de seguridad y exhibe una feria pequeña

El Runrún: Javier Torres ignora acuerdos de seguridad y exhibe una feria pequeña

Javier Torres, alcalde de Fresnillo. | Foto: Cortesía.

El Runrún de hoy, miércoles 19 de agosto del 2026.

Grupo Imagenzac
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19 de agosto 2026

La declaración de Rodrigo Reyes Mugüerza sobre la Feria Nacional de Fresnillo exhibe algo más que una diferencia de criterios entre gobiernos, revela una muy preocupante falta de tacto político del alcalde Javier Torres Rodríguez.
El secretario general de Gobierno confirmó que en la Mesa Estatal de Construcción de Paz existió el compromiso de revisar la cartelera y evitar espectáculos que hicieran apología de la violencia. Sin embargo, el acuerdo no se cumplió. La inclusión de Luis R. Conriquez terminó por encender una discusión que pudo haberse evitado con un mínimo de sensibilidad política y responsabilidad institucional.
No se trata de censurar la música ni de limitar la libertad de expresión. Se trata de entender el contexto. Fresnillo ha enfrentado durante años los efectos de la violencia y, precisamente por ello, programar a un intérprete identificado con los llamados corridos bélicos resulta, cuando menos, una provocación innecesaria.
Reyes Mugüerza fue contundente al señalar que el Gobierno del Estado solicitó ya formalmente retirar a Conriquez de la cartelera. Ahora corresponde al alcalde decidir si insiste en una decisión que genera confrontación o si corrige el rumbo.
Pero el problema de la feria va más allá de un artista. La cartelera del Teatro del Pueblo dejó mucho que desear. Faltaron nombres de primer nivel, propuestas atractivas y una programación digna de una Feria Nacional. En cambio, quedó la impresión de una fiesta modesta, sin ambición y sin la calidad que Fresnillo merece. Atrás quedaron las grandes ferias de Fresnillo que amenazaban con opacar la FENAZA.

Diputados verdes asumen costos políticos de su decisión
Los diputados Lyndiana Bugarín Cortés y José Luis González Orozco, que hasta ayer formaban parte del Partido Verde, ahora aceptan las consecuencias políticas de sus decisiones. Su deslinde del PVEM no sólo representa una ruptura partidista, también abre la puerta a que, en principio, se queden sin partido y pierdan los beneficios que hasta ahora les otorgaba su pertenencia a los órganos de conducción del Congreso.
La definición de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Patrimonio y Finanzas será determinante. No basta con afirmar que conservarán sus derechos como legisladores; una cosa son los derechos constitucionales y otra muy distinta las posiciones, espacios de decisión, prerrogativas y beneficios políticos derivados de pertenecer a una bancada.
Pero quizá el costo más difícil de recuperar sea la credibilidad. Los legisladores deberán explicar a los ciudadanos por qué tomaron una decisión que terminó provocando su salida del partido que los llevó al Congreso.
Inevitablemente tendrán que buscar cobijo político. Y, ante el escenario actual, todo apunta a que podrían terminar incorporándose a la bancada de Morena. Si así ocurre, deberán asumir también el costo de ser vistos como legisladores que cambiaron de camiseta conforme a los beneficios.

Sin reforma, la UAZ arriesga su futuro financiero
La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) se encuentra ante una disyuntiva que ya no admite evasivas y está entre reformarse de fondo o enfrentar consecuencias financieras cada vez más graves. El llamado del gobernador David Monreal a transparentar y corregir las finanzas universitarias debe entenderse como una señal política contundente, pero también como una oportunidad para ordenar una institución indispensable para Zacatecas.
El rector Ángel Román Gutiérrez ha respondido con apertura a las auditorías y propone incluso un comité ciudadano de vigilancia. Son pasos necesarios, aunque insuficientes si no se acompañan de decisiones estructurales.
El principal desafío está en el régimen de jubilaciones dinámicas y prestaciones que la Universidad ya no puede sostener indefinidamente. Se trata de privilegios que benefician a un grupo reducido de 611 profesores jubilados y representan una carga creciente para una institución que atiende a cerca de 40 mil estudiantes. También deben revisarse los casos de quienes transfirieron o “vendieron” prestaciones y, pese a ello, continúan cobrando.
La UAZ necesita modificar su estructura y, eventualmente, su Ley Orgánica y el contrato colectivo de trabajo. No hacerlo significaría prolongar una sangría financiera que amenaza su viabilidad.
La austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas deben convertirse en políticas permanentes. Reformarse no significa morir: significa garantizar que la Universidad pueda seguir viva y sirviendo a Zacatecas.
El próximo cinco de septiembre vendrá el primer informe del rector Ángel Román Gutiérrez, y se espera que el Teatro Calderón sirva como escenario para el gran anuncio que deben respaldar todos los jubilados. Si tanto quieren a “su Universidad”, deben entender que, de manera voluntaria, deben renunciar a un beneficio que no se puede soportar y que solo significa llevar a la Universidad al despeñadero financiero.
La palabra está en los jubilados, que deben entender que ahora deben regresar a la UAZ parte de lo mucho que le han quitado.

Runrunazos
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) promoverá una acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral aprobada por el Congreso de Zacatecas, al considerar que durante su discusión y aprobación se violentaron los procesos legislativos y disposiciones constitucionales. Carlos Peña Badillo, diputado local y dirigente estatal del PRI, afirmó que el dictamen aprobado en el Pleno ya había sido retirado previamente de discusión por la Comisión de Asuntos Electorales hace un año, por lo que, a su juicio, debió elaborarse un nuevo documento antes de volver a someterlo a votación.

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