

Ernesto González Romo, secretario de la Función Pública. | Foto: Cortesía.
El Runrún de hoy, martes 03 de marzo del 2026.
En los pasillos de la Federación Mexicana de Futbol hay versiones que, aunque no siempre se confirman de inmediato, cuando el río suena es porque agua lleva . Hoy una de ellas apunta a que Mineros de Zacatecas y Atlético La Paz podrían adquirir un lugar en la máxima categoría del balompié nacional, siguiendo la ruta que ya trazó el Atlante al comprar la franquicia del Mazatlán FC.
La versión no surge de la especulación ligera. En el futbol mexicano, los movimientos de franquicias suelen cocinarse a fuego lento y con discreción, pero cuando trascienden es porque algo se mueve en el fondo.
Para Zacatecas, la posibilidad parece una realidad en el futuro cercano una vez que concluya el mundial de futbol. Durante años, la afición ha sostenido al equipo en la Liga de Expansión con la esperanza de volver a competir al máximo nivel. De concretarse, esta podría ser la gran noticia esperada por una plaza que en el pasado, con Grupo Pachuca al frente, demostró pasión, estabilidad y visión empresarial.
El sueño deportivo de competir en primera división no solo implicaría prestigio, sino derrama económica, proyección nacional y consolidación institucional. Si los rumores se materializan, el sueño de los zacatecanos por fin se vería cristalizado, un anhelo largamente acariciado en la tierra zacatecana. La versión es fuerte en la federación Mexicana de Futbol.
La corrupción que detectó la SFP debe pagarse con cárcel
El secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, vuelve a colocar sobre la mesa un tema delicado: presuntas redes de corrupción entre ex funcionarios y abogados litigantes en materia laboral.
Habla de expedientes manipulados durante más de una década, de notificaciones inventadas y de procesos armados con el propósito de afectar el patrimonio de particulares. Si lo expuesto es cierto, estaríamos frente a un entramado profundamente preocupante en el manejo de la justicia en Zacatecas.
No es la primera vez que se escuchan denuncias de irregularidades en procedimientos laborales. Lo que ahora llama la atención es la dimensión que el propio funcionario atribuye al caso y la posible participación coordinada entre servidores públicos y abogados externos. Las aseveraciones son graves y, por lo mismo, no pueden quedarse en el terreno mediático.
Zacatecas no necesita un nuevo escándalo que alimente la desconfianza ciudadana. Necesita resultados concretos. Si existen pruebas, deben presentarse de inmediato ante la fiscalía para que se integren las carpetas correspondientes y se proceda conforme a derecho. La sociedad espera que la autoridad investigadora actúe con diligencia, sin entretener los asuntos ni prolongar innecesariamente los tiempos procesales.
Combatir la corrupción implica ir más allá de las declaraciones públicas. Significa judicializar los casos, fincar responsabilidades y, en su caso, detener a quienes hayan incurrido en delitos. Solo así se evitará que este episodio quede en una denuncia más y se convertirá en un precedente real contra las anomalías en el sistema de justicia laboral.
Denuncia penal contra rectora de la UPZ lapida la crisis institucional
Lo que se venía advirtiendo desde hace semanas finalmente se concretó. El conflicto laboral en la Universidad Politécnica de Zacatecas dejó de ser únicamente un diferendo administrativo para convertirse en un asunto penal.
Los maestros sindicalizados dieron el paso que faltaba y acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y denunciaron formalmente a la rectora Juliana Arteaga Carrillo por el presunto incumplimiento en el pago de aumentos salariales y por percepciones por debajo del mínimo vigente.
Cuando 20 trabajadores presentan denuncias individuales, dejan claro que la confianza institucional está rota. La indolencia y la falta de seriedad en la conducción universitaria —como la califican los propios agremiados— han colocado a la rectoría en una posición insostenible. Lo que pudo resolverse con diálogo y gestión eficaz hoy escala a tribunales.
Con más de dos meses de paro y nueve semanas de instalaciones tomadas, el panorama ya era complejo. Ahora, con una denuncia penal en curso y sin respaldo visible de autoridad alguna, el regreso a clases bajo la misma conducción luce prácticamente imposible.
La crisis no solo se profundiza:, sino que se ahoga y ahora parece que se ha lapidado la muerte institucional, al menos de la aún rectora. Mientras la justicia inicia su curso, la gobernabilidad universitaria parece haber llegado a un punto de no retorno. La solución está entre el pago de los compromisos, o la renuncia de la rectora. Parece que ninguno de ambos tiene el camino allanado. Lo cierto es que una vez más el Gobierno del Estado estará peleando en tribunales.
Runrunazos
El arranque formal del proceso electoral en el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas marca algo más que una simple renovación administrativa. Para Jenny González Arenas, al frente del SPAUAZ, comienza el camino del no retorno. La instalación del Colegio Electoral no sólo activa la ruta legal hacia la elección 2026-2029; también abre la etapa final de su gestión. A partir de ahora, cada decisión, cada posicionamiento y cada resultado pesará en el balance final de su liderazgo. No se trata únicamente de entregar cuentas claras, sino de salir bien librada en medio de un escenario donde las fuerzas mayoritarias de la Universidad Autónoma de Zacatecas ya mueven fichas.