

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. | Foto: Cortesía.
El Runrún de hoy, jueves 26 de febrero del 2026.
Se acabaron las especulaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso sobre la mesa su reforma electoral y confirmó lo que durante semanas fue versión extraoficial, ya que propina un golpe directo a las plurinominales y recorta en forma sustancial el financiamiento de los partidos, y pone fin al nepotismo y la reelección.
La propuesta desaparece 32 senadurías de representación proporcional y redefine el modelo en la Cámara de Diputados. El mensaje es que quien aspire a llegar al Congreso tendrá que ganar votos en territorio. Se acabaron las listas confeccionadas en oficinas partidistas y las posiciones aseguradas por acuerdos cupulares.
El rediseño mantiene la autonomía del Instituto Nacional Electoral, pero impone una reducción del 25 por ciento al financiamiento público de los institutos políticos y ajustes presupuestales a todo el sistema electoral. En tiempos de austeridad, la narrativa es potente es que a menos dinero a partidos, más legitimidad en las urnas.
Sin embargo, el tema presupuestal abre un flanco político delicado. El Partido Verde Ecologista de México podría condicionar su respaldo. Así lo dejó entrever Arturo Escobar y Vega, al advertir que cualquier disminución en recursos debe analizarse con cuidado para no debilitar la competencia electoral. Traducido al lenguaje político, el apoyo del Verde no es automático.
La iniciativa, que será enviada al Congreso el 2 de marzo, también incorpora mayor fiscalización en tiempo real, regulación de inteligencia artificial en campañas y fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana.
La discusión apenas comienza, pero el tablero ya cambió. Si la reforma prospera, el Congreso será menos costoso y más dependiente del voto directo. Y en ese escenario, cada partido tendrá que decidir si defiende privilegios o se adapta a una nueva lógica de legitimidad democrática.
El frijol, es el cuento de nunca acabar
El conflicto por el acopio de frijol se ha convertido en el cuento de nunca acabar. Este miércoles, otra vez, productores del centro del estado tomaron de manera intermitente la caseta de peaje de la carretera federal 45 para exigir que se respete la ampliación de 20 mil toneladas al programa federal, con lo que se alcanzaría una meta de 100 mil toneladas para Zacatecas.
La protesta, anunciada como pacífica, consistió en bloqueos de 15 minutos seguidos de pase libre. Campesinos de Pánuco, Vetagrande, Guadalupe, Trancoso y comunidades de Fresnillo denunciaron que miles de pequeños productores siguen sin poder ingresar su cosecha a los centros de acopio.
A casi finalizar febrero, aseguran que las bodegas permanecen saturadas desde el año pasado, mientras costales de frijol continúan almacenados en casas y patios, expuestos a pérdidas. Además, cuestionan la operación de Alimentación para el Bienestar, al señalar fallas que favorecen a intermediarios.
El tiempo apremia. Con el diésel rondando los 27 pesos por litro y sin certeza de comercialización, la presión económica crece. Los inconformes advierten que, de no instalarse una mesa de diálogo inmediata y autorizarse la ampliación prometida, la situación podría volverse caótica en los próximos días, tanto en las carreteras como en el campo zacatecano. Esta situación llega al límite y no tiene salida en el horizonte.
Sin salarios, habrá mayor ética institucional en la CDHEZ
La propuesta del diputado Santos Antonio González Huerta para que el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas sea de carácter honorífico representa una decisión acertada y congruente con la esencia misma de los derechos humanos.
Justo cuando la defensa de las garantías fundamentales se vincula a una remuneración económica, inevitablemente se abre la puerta a intereses ajenos a la vocación de servicio. Convertir estos espacios en posiciones salariales puede distorsionar su finalidad y generar incentivos equivocados.
La defensa de los derechos humanos exige independencia, ética y compromiso social, no aspiraciones presupuestales. Si el cargo se transforma en una oportunidad de ingreso, corre, permanentemente, el riesgo de atraer perfiles motivados más por la estabilidad financiera que por la convicción.
En ese contexto, resulta evidente que figuras como María Elena Ortega, conocida por su activismo constante en distintos movimientos sociales, y que pretende ser electa como consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, podrían ver en el Consejo una plataforma económica y política, lo que desnaturalizaría su función técnica y ciudadana.
Si la reforma prospera y se retiran los salarios a los consejeros, quizá, ni ella y muy pocos, estarían dispuestos a sacrificar su vida y su tiempo en el ánimo de la defensa de los Derechos Humanos.
La medida propuesta no implica desmantelar la estructura institucional. El personal administrativo y, en su caso, la presidencia del organismo debe contar con remuneración por la responsabilidad operativa que asumen. Sin embargo, los consejeros deben mantener un carácter honorífico para evitar conflictos de interés. Blindar al Consejo de incentivos económicos fortalecerá su credibilidad y garantizará que quienes lo integren lo hagan por auténtica vocación de servicio y no para vivir del erario público.

Runrunazos
La nueva disputa entre el Ayuntamiento de Zacatecas y la JIAPAZ vuelve a exhibir la falta de coordinación institucional que tanto afecta a la capital. Ahora, con la apertura en avenida Quebradilla, resurgen reclamos sobre permisos, planeación y responsabilidad en obras públicas. Más allá de culpas, la ciudadanía exige soluciones claras y trabajo conjunto. El agua y la infraestructura no deben ser botín político, sino prioridad compartida.
Por otro lado Ulises sigue arriba en las escuelas y en ningún careo se le ve que le puedan hacer mosca.
El mariachi que llevaron ayer a las oficinas del Infonavit para celebrar la salida de Roberto Ornelas García, no es cosa menos, más de uno celebra la salida del delegado y no tiene temor de expresar su felicidad.