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Jaime Santoyo Castro

La fragilidad de la militancia partidista

La fragilidad de la militancia partidista

Jaime Santoyo Castro.

La Ley General de Partidos Políticos define al militante como el ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente en un partido político.

Jaime Santoyo Castro
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31 de agosto 2026

La militancia política debería ser, ante todo, una expresión de convicciones. Quien decide incorporarse voluntariamente a un partido político se supone que lo hace porque encuentra coincidencia con sus principios, ideología, programa de acción y manera de entender los problemas del país.

Así lo concibe nuestro sistema jurídico. La Ley General de Partidos Políticos define al militante como el ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente en un partido político.

La propia ley reconoce a los militantes importantes derechos: participar en las decisiones relacionadas con los documentos básicos del partido; intervenir en los procedimientos para elegir dirigentes y candidatos; postularse en los procesos internos; exigir el cumplimiento de las normas partidarias; impugnar las decisiones que afecten sus derechos y, desde luego, renunciar libremente a su militancia.

Entre las obligaciones se cuentan: respetar los estatutos y normatividad interna; difundir principios ideológicos y programa de acción; velar por la democracia interna y cumplir las resoluciones de los órganos partidistas.

Hasta aquí, la teoría.

La realidad es bastante diferente.

La militancia parece durar exactamente el tiempo que duran las posibilidades de obtener una candidatura, un cargo o una posición política.

Personajes que durante años defendieron apasionadamente unos colores y unas siglas descubren profundas e irreconciliables diferencias ideológicas precisamente cuando su partido decide no postularlos como candidatos.

Entonces sobreviene la renuncia.

Y, con sorprendente rapidez, aquello que ayer parecía inadmisible se vuelve aceptable. El adversario se convierte en aliado y las nuevas siglas son abrazadas con el mismo entusiasmo con el que anteriormente se defendían las contrarias.

¿Cambió realmente la ideología o simplemente cambió la posibilidad de obtener el cargo?

De ahí surgió una expresión tan coloquial como descriptiva: los “chapulines” de la política, aquellos que saltan de un partido a otro buscando mejores oportunidades electorales, candidaturas o posiciones de poder.

Cambiar de partido es un derecho. Las personas pueden modificar sus ideas y también puede ocurrir que sea el propio partido el que cambie de rumbo o abandone sus principios. En esos casos, marcharse puede constituir incluso una expresión de congruencia.

El problema aparece cuando el salto coincide, casi matemáticamente, con la pérdida de una candidatura y, simultáneamente, con la oferta de otra.

Entonces parece menos una transformación ideológica que una transformación de conveniencias.

Pero existe otro responsable del fenómeno: el partido que recibe al chapulín y de inmediato lo premia con una candidatura, lo que muestra que la lealtad, el trabajo y la identificación ideológica pueden valer menos que la rentabilidad electoral de un recién llegado.

Existe además otro fenómeno que merece reflexión: quienes obtuvieron un cargo de representación popular postulados por determinado partido y, una vez electos, cuando enfrentan diferencias con su dirigencia, abandonan la militancia, pero conservan cuidadosamente la diputación, la senaduría, la presidencia municipal o cualquier otra posición alcanzada bajo aquellas siglas.

Jurídicamente, el cargo no pertenece al partido. El representante electo representa a la ciudadanía y nadie puede ser obligado a permanecer afiliado contra su voluntad.

El cuestionamiento es otro: es de congruencia y ética política.

Porque muchas candidaturas no se ganan exclusivamente por los méritos personales del candidato. Detrás existen unas siglas, una estructura territorial, militantes, representantes de casilla, propaganda, recursos y años de posicionamiento político. Y existen, sobre todo, ciudadanos que votaron no solamente por una persona, sino también por el partido que la postuló.

La cuestión resulta todavía más evidente tratándose de legisladores de representación proporcional, cuyo acceso al cargo está directamente relacionado con la votación obtenida por su partido.

Por eso surge una pregunta incómoda:

Si las diferencias con el partido son tan profundas que justifican abandonarlo, ¿no debería preguntarse también quien renuncia si éticamente corresponde conservar el cargo que obtuvo bajo sus siglas?

La fragilidad no está en el derecho a renunciar a un partido, sino en aquellas convicciones que solamente permanecen firmes mientras resultan políticamente rentables.

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