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Los disturbios, los bloqueos escolares y los saqueos obligaron al Gobierno de Emmanuel Macron a imponer restricciones nocturnas y reforzar la seguridad.
FRANCIA.- Francia enfrenta una de sus mayores crisis de orden público de los últimos años, luego de que las protestas estudiantiles por las malas condiciones de las escuelas se extendieran a otras ciudades y confluyeran con el descontento por el encarecimiento de la vida, los combustibles y los servicios públicos.
Las manifestaciones, que comenzaron en septiembre en centros educativos de los suburbios del norte de París, evolucionaron hasta convertirse en movilizaciones nacionales. Aunque miles de personas participaron pacíficamente, grupos violentos protagonizaron enfrentamientos con la policía, saquearon comercios e incendiaron edificios públicos.
Uno de los episodios más graves ocurrió en Limoges, donde las llamas destruyeron el histórico ayuntamiento del siglo XIX. La violencia también alcanzó otras ciudades, mientras los bloqueos escolares y las interrupciones de actividades educativas evidenciaron el alcance del conflicto.

Ante la escalada, el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu anunció toques de queda nocturnos en zonas de París y otras ciudades, además de un amplio despliegue policial para contener nuevos disturbios. Asimismo, previó el apoyo de militares de la operación Sentinelle para proteger instalaciones sensibles y liberar a policías y gendarmes para tareas de seguridad pública.
La respuesta gubernamental busca restablecer el orden, aunque también abrió cuestionamientos sobre la capacidad de las autoridades para anticipar la magnitud de las protestas.
El presidente Emmanuel Macron enfrenta una creciente presión política en los últimos meses de su mandato. La crisis combina el deterioro del poder adquisitivo, las deficiencias de los servicios públicos y el malestar de sectores que consideran insuficiente la respuesta gubernamental.
Además, la violencia puso bajo escrutinio la actuación de los cuerpos de seguridad. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció fallas en la preparación para enfrentar los disturbios y ofreció disculpas, mientras Macron rechazó su renuncia y ordenó revisar los errores de inteligencia y planificación policial.
La situación también genera preocupación económica. El aumento de los costos energéticos y la presión sobre las finanzas públicas reducen el margen del Gobierno para responder con nuevas ayudas, mientras los comerciantes resienten las pérdidas provocadas por los saqueos y las restricciones.
En este escenario, la ultraderecha encuentra una oportunidad para ampliar su respaldo electoral. Marine Le Pen, dirigente de Agrupación Nacional, ha convertido la seguridad, el costo de los combustibles y la pérdida del poder adquisitivo en ejes de su discurso político.

La dirigente presentó al Gobierno de Macron como una administración debilitada y se posicionó como una alternativa capaz de restablecer el orden. Su propuesta de reducir los impuestos sobre los combustibles también conecta con sectores rurales y suburbanos que dependen del automóvil para trabajar y realizar sus actividades cotidianas.
Sin embargo, el beneficio político no se limita a la derecha. Jean-Luc Mélenchon, referente de la izquierda radical, también ha capitalizado parte del malestar social, aunque su postura frente a los saqueos y los ataques ha generado críticas y podría alejar a votantes moderados.
La crisis, además, forma parte de una ola de protestas que afecta a otros países europeos, donde el encarecimiento de la energía, la vivienda y los alimentos alimenta el descontento ciudadano.
Con las elecciones presidenciales previstas para 2027, la respuesta de Macron será decisiva para el futuro político de Francia. El Gobierno necesita contener la violencia y atender las demandas sociales sin agravar las presiones presupuestarias. Mientras tanto, la oposición busca transformar la inconformidad en apoyo electoral.