

Donald Trump presidente de Estados Unidos. | Foto: Cortesía.
Una jueza federal de Nueva York determinó que la suspensión de visas para la residencia permanente, aplicada a ciudadanos de 75 países, excedió la autoridad del Departamento de Estado y contravino la ley.
ESTADOS UNIDOS.- Una jueza federal de Estados Unidos anuló la suspensión de los trámites de visas para la residencia permanente de ciudadanos de 75 países, una medida que el gobierno de Donald Trump impuso en enero como parte de su política migratoria. La resolución representa un nuevo revés judicial para la agenda antiinmigratoria del presidente estadounidense.
La jueza Jeannette Vargas, de un tribunal federal de Nueva York, concluyó que la política resultaba “contraria a la ley” y que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió la autoridad que le concede la legislación estadounidense.
La disposición comenzó a aplicarse el 21 de enero y suspendió temporalmente la tramitación de visas de inmigrante, que permiten solicitar la residencia permanente en Estados Unidos. La medida no afectaba a las visas de no inmigrante, utilizadas para estancias temporales.
Entre los países afectados figuraban Brasil, Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen, cuyos ciudadanos enfrentaron la suspensión de sus procesos migratorios.
El Departamento de Estado defendió la medida con el argumento de que los inmigrantes procedentes de esos países representaban “un alto riesgo de depender de la asistencia social o de convertirse en una carga para las finanzas públicas”.
Sin embargo, Vargas consideró ilegal que los funcionarios consulares rechazaran solicitudes únicamente por el país de origen de los solicitantes, incluso cuando éstos cumplían con los demás requisitos establecidos para obtener una visa.
Por ello, el fallo emitido el viernes deja sin efecto las denegaciones basadas exclusivamente en esa política y permite reanudar los procedimientos afectados. No obstante, el gobierno de Trump todavía puede apelar la decisión ante una instancia superior.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha colocado el combate contra la inmigración ilegal entre las prioridades de su administración. Su gobierno ha impulsado deportaciones masivas de personas indocumentadas y, al mismo tiempo, ha endurecido los requisitos para la entrada legal de extranjeros.
No obstante, los tribunales federales han bloqueado varias de sus principales iniciativas migratorias.
A principios de junio, un juez federal anuló una tasa de 100 mil dólares para las visas de trabajo, utilizadas principalmente por empresas del sector tecnológico.
Asimismo, a finales de junio, la Corte Suprema anuló un decreto que Trump firmó durante su primer día de su segundo mandato y que buscaba eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados.
Con estas resoluciones, el Poder Judicial continúa desempeñando un papel central en la revisión de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump.