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231 retornados llegan a un país bajo control estadounidense tras la caída del chavismo el pasado 3 de enero.
MAIQUETÍA, VENEZUELA.- En un operativo cargado de simbolismo político, este viernes aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar el primer vuelo de deportación procedente de Estados Unidos desde la incursión militar del pasado 3 de enero. A bordo de la aeronave, proveniente de Phoenix, Arizona, arribaron 231 ciudadanos venezolanos.
El arribo del vuelo, que tocó pista a las 10:30 hora local, marca la reanudación de los operativos de repatriación que habían quedado en vilo tras la operación relámpago de fuerzas especiales estadounidenses que resultó en la captura y traslado a Nueva York de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Pese al drástico cambio en el control territorial y político del país, la administración de Donald Trump parece dar continuidad a los acuerdos migratorios reactivados en 2025. Durante el año pasado, más de 14,400 venezolanos fueron deportados desde territorio estadounidense, una tendencia que se mantiene firme incluso bajo el actual escenario de ocupación y transición.
A diferencia de procesos anteriores, este operativo se desarrolló bajo un hermetismo casi total. Ni las autoridades de facto en Caracas ni el Departamento de Estado de EE. UU. han emitido detalles sobre el estatus legal de los retornados o los protocolos de seguridad implementados tras el desembarque.
La Cruz Roja Venezolana confirmó que desplegará equipos de asistencia humanitaria y médica en la terminal aérea para atender a los deportados, quienes regresan a un país con instituciones fracturadas y una presencia militar extranjera activa.
La llegada de este grupo ocurre apenas trece días después de que elementos de la Delta Force capturaran a la cúpula chavista en una incursión que dejó decenas de víctimas y sumió al país en un estado de excepción. Mientras Maduro espera juicio en Nueva York por cargos de narcotráfico, el gobierno estadounidense ha reiterado su intención de mantener el control operativo hasta consolidar una “transición segura”, lo que plantea dudas sobre la legitimidad y los derechos de los ciudadanos que están siendo devueltos a territorio venezolano en este momento.