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Opinión

¿Ahora el soborno será razón para reservar el patrimonio de los servidores públicos?

¿Ahora el soborno será razón para reservar el patrimonio de los servidores públicos?

Julieta del Río. *Especialista en transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Excomisionada del INAI

La reserva debe ser excepcional, fundada y específica, porque la seguridad nacional no es seguridad personal, no es privacidad y tampoco es patrimonio personal.

Okashi Velasco
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7 de octubre 2026

Julieta del Río

Lo he sostenido antes y hoy nuevamente estamos ante posibles violaciones al principio constitucional de máxima publicidad. Recordemos el caso del director del INFONAVIT y la decisión del Comité de Transparencia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de mantener bajo reserva su información patrimonial completa, incluyendo ingresos y vehículos, una determinación que debe ser revisada.

Hace unos días ocurrió el caso de Audomaro Martínez Zapata, quien, a unos días de dejar el cargo, reservó hasta 2029 la información sobre los bienes del exjefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), argumentando razones de seguridad nacional.

La reserva debe ser excepcional, fundada y específica, porque la seguridad nacional no es seguridad personal, no es privacidad y tampoco es patrimonio personal. Pertenecer a una institución de seguridad no puede justificar que se sustraiga del escrutinio público la totalidad de una declaración patrimonial.

Ahora surge una nueva modalidad para justificar la reserva: el supuesto riesgo de que un servidor público pueda ser sobornado o extorsionado.

Pero ¿el posible soborno de un funcionario puede convertirse, por sí mismo, en una razón para ocultar su declaración patrimonial?

Si llevamos ese argumento hasta sus últimas consecuencias, prácticamente cualquier servidor público estaría en riesgo. Puede ser sobornado quien recibe un trámite para una licencia de conducir, quien participa en una licitación, quien realiza una auditoría, quien revisa una observación o quien tiene acceso a información sensible. Incluso alguien en una posición aparentemente menor puede alterar o filtrar información con consecuencias económicas importantes.

Entonces, ¿qué hacemos? ¿Reservamos las declaraciones patrimoniales de todos?

Las causales de reserva deben aplicarse conforme a la ley. Los Comités de Transparencia deben revisar cuidadosamente sus determinaciones porque una clasificación indebida no solamente limita el derecho de acceso a la información, sino que también puede obstaculizar otros mecanismos de control. Si Transparencia para el Pueblo confirma reservas indebidas, la propia Auditoría Superior de la Federación podría enfrentar mayores obstáculos al revisar la cuenta pública de esas instituciones.

Esa lógica nos llevaría a una paradoja: para proteger al servidor público del riesgo de corrupción, terminamos ocultando información que precisamente sirve para prevenir, detectar y combatir la corrupción.

La Constitución establece obligaciones claras. El artículo 108 señala que los servidores públicos deben presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses. El artículo 109 establece principios como legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Y la legislación en materia de transparencia y responsabilidades administrativas contempla tanto la protección de datos personales como la obligación de rendir cuentas.

Por supuesto que existen datos personales que deben protegerse y situaciones en las que la divulgación puede generar un riesgo real y acreditable. Pero una cosa es proteger datos específicos y otra muy distinta convertir una posibilidad general (“podrían sobornarlo”) en una justificación automática para reservar información.

La máxima publicidad es el principio; la reserva, la excepción. Cuando existan datos que legítimamente deban protegerse, existen las versiones públicas para preservar esa información sin desaparecer por completo aquello que es de interés público.

Porque si aceptamos que el simple riesgo de soborno justifica reservar una declaración patrimonial, mañana podríamos escuchar el mismo argumento en todas partes:

“Se reserva porque el funcionario podría ser sobornado”.

¿Y después qué sigue? ¿Los nombres? ¿Los ingresos? ¿Los bienes? ¿Los intereses? ¿Las declaraciones completas?

No podemos combatir la corrupción ocultando información bajo la premisa de que todos los servidores públicos son potencialmente corruptibles. La respuesta debe ser exactamente la contraria: fortalecer los controles, la fiscalización, la ética pública y los mecanismos de prevención y sanción.

Un servidor público no solamente ocupa un cargo: asume responsabilidades frente a la sociedad. Y eso no es una cuestión de confianza personal. Es una obligación constitucional.

Seguridad nacional no es seguridad personal. Y el temor al soborno tampoco puede convertirse, por sí solo, en una licencia para reservar información pública.

@julietdelrio

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