

Iván Casas, Abogado Penalista.
Lo que hace el secretario con sus publicaciones es iniciar un juicio público extrajudicial. Como parte investigadora, está obligado a guardar sigilo y reserva de las indagatorias.
Iván Casas
Todo indica que en los últimos meses el Secretario de la Función Pública, Ernesto Romo García, ha dejado de ser el titular de las investigaciones por responsabilidades administrativas para convertirse en influencer.
Utiliza información reservada de expedientes a su cargo, principalmente los relacionados con el ex gobernador Miguel Alonso Reyes, para generar contenido en redes sociales, medios y portales oficiales. Ello motivó que el diputado federal presentara en su contra una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas.
Coincido en el fondo con la inconformidad, aunque no en todas las figuras jurídicas invocadas. El Sistema Estatal Anticorrupción en Zacatecas ha sido un fracaso, pero de eso hablaremos después. En este caso, las acciones del Secretario podrían trastocar la Constitución, el Código Penal del Estado y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Lo que hace el secretario con sus publicaciones es iniciar un juicio público extrajudicial. Como parte investigadora, está obligado a guardar sigilo y reserva de las indagatorias. Salir a decir que el ex mandatario “se enriqueció ilícitamente y tiene investigaciones penales y administrativas” sin que exista sentencia firme, viola la presunción de inocencia en su vertiente extraprocesal, reconocida por la SCJN en el Amparo Directo 23/2023. Ese criterio es claro: un actuar regular consiste en presentar la información de relevancia pública en forma descriptiva y no valorativa, absteniéndose de exponer al investigado a un juicio paralelo.
Además, quebranta el artículo 134 constitucional, que prohíbe utilizar recursos y portales oficiales para propaganda personalizada. La Ley General de Responsabilidades, obliga a resguardar la reserva de las investigaciones. Por tanto, sus dichos no están amparados por la libertad de expresión del artículo 6º constitucional. No es una opinión, es la difusión de datos de expedientes que por ley debe proteger.
Disiento en que se actualice el delito de calumnia del artículo 274 del Código Penal de Zacatecas. Este delito es de los más difíciles de acreditar. No basta que una denuncia sea infundada o termine en no ejercicio. Se requiere probar la falsedad objetiva del hecho denunciado y que el denunciante sabía que era falso al momento de hacerlo.
Lo que sí se actualiza es el abuso de autoridad previsto en el artículo 194, fracción II del Código Penal del Estado, al vejar e injuriar sin causa legítima, valiéndose de su cargo. En la vía administrativa, el Órgano Interno de Control de la propia SFP y el Tribunal de Justicia Administrativa pueden imponer medidas cautelares al secretario para que se abstenga de difundir información que afecte las investigaciones y la honra del investigado, y ordenar el retiro de los videos del portal oficial.
La vía más efectiva, sin embargo, es la civil. El daño moral no exige al ex gobernador probar que no se enriqueció. Basta acreditar que las declaraciones fueron públicas, ilícitas y que le causaron afectación a su honor sin mediar sentencia.
Es cuanto.