

Jaime Casas Madero
La soberanía se demuestra en la capacidad de un Estado para hacer cumplir sus leyes, establecer límites y garantizar que ninguna autoridad, mexicana o extranjera, actúe al margen de ellas.
Hay noticias que, más allá del escándalo político, deberían obligarnos a detenernos un momento y preguntarnos qué está pasando con nuestras instituciones. El caso del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, es uno de ellos, porque detrás de las acusaciones, las detenciones y los señalamientos entre autoridades hay un asunto mucho más delicado que la suerte de un funcionario: la posible participación de agentes extranjeros en operaciones de seguridad dentro de territorio mexicano sin las autorizaciones correspondientes.
El caso se remonta a abril pasado, cuando un operativo contra un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara terminó en tragedia. Cuatro personas murieron en un accidente al regresar de la zona, entre ellas dos funcionarios de Chihuahua y dos ciudadanos estadounidenses identificados como presuntos agentes de la CIA. Meses después, las investigaciones colocaron en el centro de la polémica al entonces fiscal estatal, quien ahora enfrenta acusaciones por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones y una investigación federal por hechos que podrían constituir traición a la patria.
Lo preocupante no es solamente lo que pudo haber ocurrido aquella noche, sino lo que este episodio deja al descubierto.
Si las autoridades estadounidenses participaron directamente en tareas operativas dentro de México sin contar con las autorizaciones legales necesarias, estaríamos ante un asunto de enorme gravedad. No se trata de cerrar las puertas a la cooperación internacional ni de negar que México necesita intercambiar información con Estados Unidos para combatir al crimen organizado, sino de entender que colaborar no significa entregar facultades ni permitir que otros decidan cómo se aplica la ley en nuestro país.
La soberanía no es un discurso para las ceremonias oficiales ni una consigna que se repite cuando conviene políticamente. Se demuestra en la capacidad de un Estado para hacer cumplir sus leyes, establecer límites y garantizar que ninguna autoridad, mexicana o extranjera, actúe al margen de ellas.
Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar la colaboración entre gobiernos cuando la presión por combatir al narcotráfico es cada vez mayor?
Estados Unidos lleva años exigiendo resultados a México en materia de seguridad, mientras que desde Washington no faltan las voces que plantean medidas más agresivas contra los cárteles, incluso con la participación directa de sus fuerzas de seguridad. En ese escenario, cualquier señal de desorganización, acuerdos opacos o falta de control institucional puede convertirse en una oportunidad para justificar una mayor intervención estadounidense.
Por eso, lo sucedido en Chihuahua no debería tratarse como un simple pleito entre el gobierno federal y una administración estatal de distinto partido. Tampoco tendría que convertirse en una oportunidad para que Morena o el PAN saquen ventaja política de una tragedia. Si hubo funcionarios que permitieron actuaciones ilegales, deben responder ante la justicia, independientemente de sus amistades, cargos o colores partidistas.
Pero también hay que evitar que la gravedad del asunto sirva para adelantar condenas. Las acusaciones deben probarse y las investigaciones deben desarrollarse con apego a la ley. Defender la soberanía mexicana también significa defender el Estado de derecho, y eso incluye respetar la presunción de inocencia de quienes enfrentan un proceso penal.
Lo que hace falta es claridad. Saber quién autorizó la presencia de los agentes extranjeros, qué funciones desempeñaban, qué información conocían las autoridades estatales y federales y por qué los mexicanos tuvimos que enterarnos de los alcances de esta historia a partir de una tragedia y de las investigaciones posteriores.
Un país que no sabe quién opera en su territorio, bajo qué autoridad y con qué límites tiene un problema que va mucho más allá de una fiscalía estatal. Y si las instituciones conocían lo ocurrido y decidieron guardar silencio, la situación sería todavía más preocupante.
Debo decirlo… México no puede combatir al crimen organizado debilitando las reglas que sostienen al propio Estado. La cooperación con Estados Unidos es necesaria, pero debe tener límites claros, controles efectivos y responsabilidades bien definidas. Porque cuando la seguridad se convierte en pretexto para actuar en secreto, el riesgo no es solamente perder el control de una operación: es acostumbrarnos a que la ley deje de ser el límite de quienes tienen el poder.