

Julieta del Río. *Especialista en transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Excomisionada del INAI
Una de las iniciativas que estarán acaparando la atención en este periodo legislativo contempla modificaciones a la legislación de fiscalización.
Julieta del Río
La propuesta de reformas del “paquete anticorrupción” llega en un momento en el que México enfrenta una de sus mayores asignaturas pendientes: lograr que las investigaciones, auditorías y fiscalizaciones no se queden únicamente plasmadas en documentos, narrativas o debates, sino que tengan consecuencias.
Una de las iniciativas que estarán acaparando la atención en este periodo legislativo contempla modificaciones a la legislación de fiscalización, a los tribunales de justicia administrativa y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, además de buscar dotar a la Auditoría Superior de la Federación de herramientas más eficaces.
El dato que pone sobre la mesa el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (un 99% de impunidad en los casos de corrupción, de acuerdo con las cifras que cita el legislador) obliga a preguntarnos qué está fallando. Porque de poco sirve contar con leyes, instituciones, órganos de control y auditorías si, al final, las sanciones no llegan ni los responsables enfrentan consecuencias.
Eso debilita a las instituciones y, sobre todo, la credibilidad en el combate a la corrupción. Se dice desde el Ejecutivo y el Legislativo que se endurecerán los castigos contra delitos financieros como el huachicol y la facturación falsa, y también se ha planteado quitar el fuero a la clase política.
Queremos ver que esas propuestas se hagan realidad. Si así fuera, seguramente habría una larga fila de políticos que tendrían que rendir cuentas ante la justicia. Por ahora, guardaremos esas declaraciones.
Uno de los grandes problemas de México es que se detectan irregularidades, se documentan y se fiscalizan, pero no siempre se llega a la consecuencia jurídica correspondiente. Esa ruptura entre detectar, investigar, sancionar y castigar alimenta la impunidad.
Por eso, hay un tema que no puede quedar fuera: la transparencia y el acceso a la información pública.
Se habla de apertura gubernamental, rendición de cuentas y participación ciudadana. Sin embargo, mientras se mantenga una Ley General de Transparencia con 17 causales de reserva, algunas sustentadas en conceptos amplios que pueden dar margen a interpretaciones discrecionales, la apertura corre el riesgo de quedarse en el discurso.
La transparencia es una de las principales herramientas para combatir la corrupción. Sin información pública, la sociedad no puede vigilar, los medios no pueden investigar y los ciudadanos no pueden exigir cuentas.
También será fundamental revisar el funcionamiento de las fiscalías. Cuando los órganos internos de control y las instituciones de fiscalización encuentran posibles responsabilidades, debe existir una ruta clara para que las investigaciones avancen y se impongan sanciones cuando corresponda.
El Sistema Nacional Anticorrupción debe fortalecerse. Sí, debe tener dientes. No basta con coordinar instituciones; se necesitan mecanismos eficaces para evitar que las responsabilidades terminen archivadas.
Y esta cadena debe alcanzar tanto al sector público como al privado. Para que exista corrupción generalmente participan al menos dos partes, por lo que el combate también debe considerar a quienes desde el ámbito privado participan, se benefician o facilitan actos de corrupción.
El paquete anticorrupción debería ser mucho más que una serie de reformas aisladas. Debe construir una cadena completa: fiscalizar, transparentar, investigar, determinar responsabilidades, sancionar y, cuando corresponda, castigar.
La discusión que viene es mucho más grande que una reforma a las fiscalías. Es una oportunidad para preguntarnos si queremos seguir construyendo instituciones que detecten la corrupción o instituciones capaces de evitar que la impunidad sea el destino final de cada investigación.
Porque hablar de apertura gubernamental mientras se limita el acceso a la información, de fiscalización mientras las sanciones no llegan y de combate a la corrupción mientras los responsables no enfrentan consecuencias, sería quedarnos solamente en las buenas intenciones.
La rendición de cuentas debe ser pública, verificable y abierta a la sociedad. Y, sobre todo, debe tener consecuencias. Basta de discursos y dobles narrativas que desinforman. Necesitamos derechos, instituciones que funcionen y resultados. Si este paquete nos llevará hacia ello, el tiempo lo dirá.
@julietdelrio