

Iván Casas, Abogado Penalista.
El problema de adicionar una nueva figura delictiva radica en que el uso de la tecnología no necesariamente transforma la naturaleza jurídica de una conducta.
Iván Casas
A propósito de la intención de la senadora Gabriela Evangelina Pinedo Morales, proponer penas de hasta seis años de prisión por engaños digitales que afecten el patrimonio de las familias, conviene señalar que la expansión de las tecnologías digitales ha transformado la manera en que se cometen los fraudes.
La suplantación de identidad, las páginas electrónicas falsas, los mensajes fraudulentos y la simulación de instituciones bancarias son mecanismos que pueden facilitar la obtención ilícita de recursos económicos y comprometer el patrimonio de las personas. Frente a esta realidad, resulta legítimo que el Estado busque fortalecer las herramientas jurídicas para prevenir, investigar y sancionar estas conductas. Sin embargo, surge una pregunta fundamental: ¿es necesario crear un nuevo tipo penal para castigar los fraudes cometidos mediante herramientas tecnológicas o basta con aplicar adecuadamente los delitos que ya existen?
El problema de adicionar una nueva figura delictiva radica en que el uso de la tecnología no necesariamente transforma la naturaleza jurídica de una conducta. El artículo 386 del Código Penal Federal ya contempla el delito de fraude, al sancionar a quien, mediante engaño o aprovechándose del error de otra persona, obtiene ilícitamente una cosa o alcanza un lucro indebido.
En este contexto, una reforma podría traducirse en sobrecriminalización si incorpora como delito autónomo una conducta que ya está comprendida sustancialmente en una figura existente, sin demostrar qué vacío normativo pretende resolver.
Este riesgo también se relaciona con la sobre regulación penal: el legislador puede terminar construyendo un catálogo cada vez más extenso de prohibiciones sin que ello garantice una mayor eficacia en la persecución del delito. La respuesta frente a nuevas formas de criminalidad no debe consistir automáticamente en aumentar los delitos o las penas, sino en evaluar si las herramientas vigentes son insuficientes y por qué.
La descripción de la conducta prohibida debe ser clara, precisa y delimitada. Si una disposición utiliza expresiones amplias sobre el empleo de herramientas tecnológicas, podría generar incertidumbre respecto de qué comportamientos constituyen delito, cuáles son sus elementos y cuándo se produce la consumación.
Esto no significa que toda tipificación específica del fraude digital sea innecesaria. Podría justificarse si identifica modalidades que no quedan adecuadamente comprendidas en los tipos vigentes, establece elementos diferenciadores relevantes o permite atender daños específicos que actualmente carecen de protección suficiente. Para ello, el legislador debe realizar un diagnóstico normativo y criminológico que demuestre la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la reforma.
La iniciativa también abre la puerta a cuestionar si nos encontramos ante una manifestación de expansión irracional del derecho penal o, incluso, de populismo punitivo. Cuando frente a cada nueva modalidad de criminalidad la respuesta legislativa consiste en crear un delito y establecer una pena de prisión, sin demostrar previamente la insuficiencia de las figuras existentes, se corre el riesgo de convertir al derecho penal en la primera respuesta del Estado y no en su último recurso.
Es cuánto.