

Saúl Monreal Ávila, docente de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ.
La reforma judicial, impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación, busca modernizar y hacer más eficiente el sistema judicial en México.
En un acto que desafía la legitimidad y la separación de poderes, jueces federales de Chiapas han solicitado un amparo para detener la discusión de la reforma judicial en el Congreso. Este amparo, concedido por una jueza afín a Norma Piña, representa una invasión de facultades y un precedente peligroso de abuso político por parte de la Corte.
La reforma judicial, impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación, busca modernizar y hacer más eficiente el sistema judicial en México. Sin embargo, la resistencia de ciertos sectores del Poder Judicial ha sido evidente. Los jueces de Chiapas argumentan que la reforma afectaría sus derechos fundamentales, pero esta postura parece más una defensa de intereses personales que una preocupación genuina por la justicia.
La jueza que concedió la suspensión, conocida por su cercanía con la ministra presidenta de la Suprema Corte de justicia de la nación Norma Piña, ha tomado una decisión que no solo es improcedente, sino que también socava la autoridad del Congreso. Al detener la discusión de la reforma, se está impidiendo que los representantes del pueblo ejerzan su derecho y deber de legislar en beneficio de la nación. Este acto es un claro ejemplo de cómo ciertos actores dentro del Poder Judicial están utilizando su posición para frenar el avance de reformas necesarias.
Es fundamental recordar que la separación de poderes es un pilar de nuestra democracia. Cada poder tiene sus funciones y límites claramente definidos. Cuando un poder invade las facultades de otro, se rompe el equilibrio y se pone en riesgo la estabilidad institucional. La decisión de la jueza de Chiapas es un acto ilegítimo que debe ser condenado y revertido.
Además, este precedente abre la puerta a futuros abusos. Si los legisladores permitimos que jueces individuales puedan detener reformas legislativas a través de amparos, estaremos sentando las bases para un sistema donde el Poder Judicial tenga un control excesivo sobre el Legislativo. Esto no solo es antidemocrático, sino que también va en contra de los principios de la Cuarta Transformación, que busca un México más justo y equitativo.
Es un acto de abuso político que debe ser rechazado. Es imperativo que el Congreso continúe con la discusión y aprobación de la reforma judicial, sin interferencias indebidas. Solo así podremos avanzar hacia un sistema judicial más eficiente y justo, en línea con los objetivos de la Cuarta Transformación.
La lucha por un México mejor requiere de la colaboración y el respeto mutuo entre los poderes del Estado. No podemos permitir que intereses particulares frenen el progreso de nuestra nación. Es momento de defender la legitimidad y la soberanía del Congreso, y de rechazar cualquier intento de abuso de poder por parte de la Corte.
Soy su amigo Saúl Monreal, nos leemos en la siguiente colaboración.