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Opinión

La letra pequeña de la libertad

La letra pequeña de la libertad

Julieta del Río. *Especialista en transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Excomisionada del INAI

Las redes sociales son herramientas para hacer visible lo que antes permanecía oculto, informarnos, contrastar declaraciones, verificar información y cuestionar narrativas.

Okashi Velasco
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30 de septiembre 2026

Julieta del Río

El tema sigue, y cada iniciativa, reglamento o propuesta que busca regular las redes sociales, las plataformas digitales o los contenidos que circulan en internet abre preguntas sobre los límites de la libertad de expresión. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado cuando pretende poner límites a lo que decimos, publicamos, compartimos o criticamos?

Las redes sociales son herramientas para hacer visible lo que antes permanecía oculto, informarnos, contrastar declaraciones, verificar información y cuestionar narrativas. También los medios de comunicación investigan, documentan y ponen temas sobre la mesa. Buscan, encuentran y cuestionan.

El sarcasmo, la ironía, la crítica y la sátira también forman parte de la libertad de expresión. Cuando una regla pretende identificar aquello que puede considerarse una expresión de descalificación sin parámetros suficientemente claros, surgen preguntas: ¿quién interpreta?, ¿con qué criterios y con qué límites?

Y ahora está sobre la mesa el debate de la llamada “Ley Antimemes”, un nombre que se ha popularizado en el debate público, aunque no corresponde al nombre formal de las iniciativas. Y aquí hay que hacer una aclaración: se han mezclado dos reformas distintas.

Por un lado, está la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, relacionada con la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet frente a determinadas infracciones. Esta iniciativa fue aprobada ayer en comisiones y turnada al Pleno de la Cámara de Diputados. Entre sus disposiciones contempla obligaciones para los proveedores ante infracciones reiteradas a derechos de autor y sanciones de hasta 4.6 millones de pesos.

Por otro lado, está una reforma distinta al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que avanzó en comisiones del Senado y fue modificada para acotar las conductas relacionadas con el uso comercial de elementos de identidad oficial cuando exista intención de inducir al error o engaño y cometer un ilícito. Al momento de escribir esta colaboración, el dictamen se encuentra próximo a ser discutido en el Pleno del Senado.

Ninguna de estas reformas establece, en su texto, una prohibición general de los memes, la sátira o la parodia. Pero las preguntas siguen siendo necesarias: ¿quién determinará qué constituye una infracción?, ¿con qué criterios?, ¿qué procedimiento seguirá y qué garantías tendrá el ciudadano?

Porque una cosa es proteger los derechos de autor, combatir la suplantación o evitar fraudes, y otra muy distinta generar incentivos para retirar contenidos antes de que exista certeza sobre una infracción.

ARTICLE 19 ha advertido sobre conceptos que considera ambiguos y sobre mecanismos que, desde su perspectiva, podrían incentivar el retiro de contenidos. Quienes impulsan las reformas, por su parte, sostienen que buscan combatir infracciones y usos ilícitos, no perseguir la crítica o la sátira.

Por eso la discusión debe ser seria, transparente y con todas las voces involucradas. Y preocupa que una reforma con posibles implicaciones para la libertad de expresión haya avanzado en comisión con una discusión tan limitada.

La periodista Laura Brugés señaló que las dos reservas presentadas por legisladores del PAN para incorporar mayores garantías a la libertad de expresión fueron rechazadas en comisión y que el dictamen fue aprobado en sus términos. El dato no es menor: ¿por qué una reforma que puede tener implicaciones para la libertad de expresión no tuvo una discusión más amplia y pública?

Regular internet no debería convertirse en controlar internet. Y mucho menos en generar condiciones para que ciudadanos, periodistas o creadores prefieran callar por temor a las consecuencias.

Proteger los derechos de autor es una obligación. Proteger a niñas, niños y adolescentes también. Pero proteger la libertad de expresión es una obligación democrática.

Porque los ciudadanos debemos ser libres, críticos e informados, capaces de cuestionar al poder.

Y sí: los memes pueden incomodar. Las caricaturas pueden molestar. La sátira puede doler. Pero una democracia no debe proteger únicamente lo que resulta cómodo. También debe proteger aquello que incomoda, cuestiona y obliga al poder a responder.

@julietdelrio

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