

Saúl Monreal Ávila, docente de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ.
La experiencia internacional demuestra que la integración de fuerzas militares en tareas de seguridad pública puede ser efectiva sin comprometer los principios democráticos.
Amigas y amigos que siguen está colaboración, reciban un saludo de su amigo Saúl Monreal, hoy, lunes, en las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, discutiremos el proyecto de dictamen para la aprobación de la Reforma Constitucional de la Guardia Nacional. Esta iniciativa, que ha generado un amplio debate, busca transferir el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), respondiendo a una demanda cotidiana de la ciudadanía de una mayor seguridad, con más orden y una mayor disciplina y honorabilidad.
Es importante aclarar que esta reforma no implica la militarización del país. La Guardia Nacional, bajo el mando de la SEDENA, se adaptará al sistema policial, manteniendo su carácter civil en sus funciones y operativos. Este modelo no es único en el mundo; países como Francia, España e Italia cuentan con guardias nacionales bajo mando militar, operando exitosamente en regímenes democráticos.
La experiencia internacional demuestra que la integración de fuerzas militares en tareas de seguridad pública puede ser efectiva sin comprometer los principios democráticos. En Colombia, por ejemplo, la Policía Nacional está adscrita al Ministerio de Defensa, y en Francia, la Gendarmería Nacional cumple funciones de seguridad pública bajo un mando militar. Estos ejemplos muestran que es posible mantener un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos humanos.
La reforma propuesta busca aprovechar las capacidades y recursos de la SEDENA, como el Colegio Militar y sus centros de adiestramiento, para fortalecer la Guardia Nacional y mejorar su operatividad. Esto no significa que México se convertirá en un estado militarizado. Al contrario, se trata de una medida para profesionalizar y eficientar las labores de seguridad pública, respondiendo a las necesidades urgentes de la población.
En conclusión, la reforma constitucional de la Guardia Nacional es un paso necesario para fortalecer la seguridad en nuestro país. Como senador, estoy comprometido a discutir y analizar esta iniciativa con responsabilidad, asegurando que se mantengan los principios democráticos y se garantice la seguridad de todos los mexicanos. La discusión de hoy en las comisiones será crucial para avanzar en este objetivo y responder a las demandas legítimas de nuestra ciudadanía.