

Iván Casas, Abogado Penalista.
Primero, la Fiscalía no ha dicho que sea huachicol. Dijo que no se acreditó origen y trazabilidad. Trazabilidad no es un delito, es una obligación administrativa.
Iván Casas
El aseguramiento de 59,036,870 litros de hidrocarburo en La Fragua, San José Iturbide, Guanajuato, presentado como el mayor golpe al huachicol del sexenio, es en realidad el mayor ejemplo de cómo no se debe comunicar ni ejecutar una investigación.
La historia no empezó el 17 de septiembre. Empezó el 3 de julio con una pipa de 33 mil litros detenida en San Luis de la Paz porque el chofer no acreditó en el momento la trazabilidad del diésel. De ahí la FGR cateó una gasolinera y un despacho de Gas LP en Dolores Hidalgo y llegó a una terminal de almacenamiento de una empresa del Grupo SIMSA.
Hasta ahí, una investigación lógica. El problema es jurídico.
Primero, la Fiscalía no ha dicho que sea huachicol. Dijo que no se acreditó origen y trazabilidad. Trazabilidad no es un delito, es una obligación administrativa. El delito, según la Ley Federal en Materia de Hidrocarburos, es sustraer, transportar o almacenar sin permiso. Y eso debe probarlo el Ministerio Público con pedimentos de importación, permisos CNE y dictámenes de calidad, no exigirle al chofer que lo pruebe en la carretera.
En segundo lugar, el manejo del aseguramiento viola el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cómo se asegura y resguarda una cadena de custodia de 59 millones de litros? No se puede. La autoridad reconoció que la medición y verificación se haría después. Se asegura primero y se perita después, al revés. Cualquier juez de control anulará esa prueba.
Tercero, la orden de cateo fue solicitada contra Gas del Noreste, empresa que no existe, cuando el inmueble es de Gas Natural del Noroeste. Un error de denominación social invalida el acto por violación al artículo 16 constitucional. No es menor. Por eso, a los seis días, removieron al delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala.
Y cuarto, la inflación mediática es lo que más les importa, pues se pasó de FECOR a FEMDO para imputar delincuencia organizada sin acreditar organización criminal. Tres inmuebles del mismo propietario no son delincuencia organizada. Es la vieja fórmula para justificar prisión preventiva.
Los daños colaterales ya están. SIMSA aclaró que es una terminal que almacena combustible de terceros con permiso vigente para 100 millones de litros. Al asegurar sin distinguir propietarios, paralizas a empresas formales, generas riesgo ambiental de 371 mil barriles inmovilizados sin plan de trasvase y estigmatizas a toda una región.
Hoy la propia FGR empieza a filtrar que quizá no sea huachicol fiscal. El daño reputacional ya está hecho.
La lección es clara y la fiscalía la conoce: un aseguramiento no es sentencia. Preservar no es condenar. Si quieres combatir el mercado ilícito, asegura contablemente, sella válvulas, toma muestras, nombra depositario y requiere a los clientes la documentación SAT-CNE en un plazo. No inmovilices una terminal completa para la foto.
De lo contrario, el Estado terminará devolviendo 59 millones de litros, pagando daños y fortaleciendo la narrativa de persecución en lugar de la de legalidad.
Es cuánto.