

Rafael Sánchez Andrade.
México requiere una medición nacional periódica del logro académico que permita conocer qué saben y qué pueden hacer los estudiantes, identificar oportunamente rezagos y orientar las decisiones de mejora.
Cuando hablamos de mejorar la educación observamos indicadores como ingreso, permanencia, abandono y eficiencia terminal. Pero existe una pregunta fundamental que también deberíamos poder responder: ¿cuánto están aprendiendo realmente nuestros estudiantes?
México requiere una medición nacional periódica del logro académico que permita conocer qué saben y qué pueden hacer los estudiantes, identificar oportunamente rezagos y orientar las decisiones de mejora. PISA ofrece una referencia internacional importante, particularmente en matemáticas, lectura y ciencias, pero no sustituye la necesidad de disponer de información nacional sistemática que permita conocer nuestra propia realidad educativa.
Medir, sin embargo, no es suficiente. Los resultados deben convertirse en decisiones y acciones.
Podemos revisar y actualizar los planes y programas de estudio, fortalecer la formación y actualización docente, mejorar las prácticas pedagógicas, incorporar responsablemente las tecnologías y la inteligencia artificial, atender la infraestructura, involucrar a estudiantes y padres de familia y desarrollar estrategias específicas para mejorar los aprendizajes.
Pero falta una dimensión que con frecuencia dejamos fuera de esta discusión: las condiciones laborales de quienes deben llevar esas estrategias a las escuelas y las aulas.
Las inconformidades expresadas recientemente por trabajadores de Educación Media Superior en Morelos, Zacatecas y Coahuila permiten observar este problema. Se denuncian pagos pendientes relacionados con gratificaciones por jubilación, antigüedad, prestaciones y otros conceptos laborales. En la Región Lagunera se solicita establecer responsables, fechas, mecanismos de seguimiento y recursos presupuestales para resolver adeudos que llevan tiempo pendientes.
También existen directivos que desempeñan responsabilidades adicionales sin recibir oportunamente la compensación correspondiente por ejercerlas. En Morelos, entre las demandas aparecen precisamente compensaciones para puestos directivos, además de otras prestaciones pendientes.
No afirmo que pagar oportunamente salarios, prestaciones y compensaciones produzca automáticamente mejores resultados académicos o mejores resultados en PISA. La relación no es directa. La educación es un todo y sus resultados son producto de múltiples factores.
Pero precisamente por ello debemos preguntarnos: ¿qué posibilidades tendrá una estrategia para mejorar los aprendizajes si los docentes que deben llevarla a la práctica enfrentan incertidumbre laboral o esperan pagos que legítimamente les corresponden? ¿Cómo pedir liderazgo, compromiso y mejores resultados a directivos que desempeñan responsabilidades adicionales y no reciben oportunamente la compensación establecida?
La revalorización docente no puede quedarse en el discurso. Significa formación continua, desarrollo profesional, reconocimiento, estabilidad, certeza laboral y cumplimiento oportuno de salarios, prestaciones y compensaciones. Atender estas condiciones también significa reconocer que el bienestar y la certeza de los docentes forman parte de una política educativa integral.
Necesitamos medir el aprendizaje para saber dónde estamos; utilizar esa evidencia para definir hacia dónde queremos avanzar; revisar planes y programas; involucrar a estudiantes, familias, docentes y directivos, y generar las condiciones institucionales y laborales para hacerlo posible.
No podemos pedirle a la escuela mejores resultados sin preguntarnos si estamos dando a quienes la hacen funcionar las condiciones necesarias para alcanzarlos.
Las políticas pueden diseñarse desde las instituciones y los indicadores pueden mostrarnos los resultados. Pero el cambio educativo se lleva a cabo en el aula, y son los docentes quienes todos los días lo hacen realidad.