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Opinión

Si todo está bien, ¿por qué ocultar los resultados?

Si todo está bien, ¿por qué ocultar los resultados?

Julieta del Río. *Especialista en transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Excomisionada del INAI

En una democracia, el acceso a la información es una herramienta para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de nuestros derechos.

Okashi Velasco
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26 de agosto 2026

Julieta del Río

No puedes presumir de ser transparente cuando niegas información pública y favoreces, a través de redes fabricadas, a los cuates y cuotas en materia de construcción y proveeduría.

En una democracia, el acceso a la información es una herramienta para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de nuestros derechos. Por eso se le conoce como un “derecho llave”: porque nos permite participar y tomar decisiones informadas, pero también exigir respuestas y reclamar otros derechos.

Hoy vemos cómo en reportajes de investigación aparecen nombres, empresas, redes de proveedores y posibles vínculos alrededor de contratos y negocios en distintos sectores. Mientras tanto, cientos de constructores, empresarios y proveedores se preguntan por qué las oportunidades parecen concentrarse en unos cuantos.

Cuando la contratación pública se concentra y no existe competencia suficiente, no solamente debemos preguntar quién obtiene los contratos, sino quiénes quedan fuera y qué impacto tiene esto en las economías locales.

En mi trayectoria profesional he visto muchas cosas. Hoy existen investigaciones sobre medicamentos adquiridos a empresas de reciente creación o con antecedentes que han generado dudas y que terminaron participando en contrataciones millonarias. También están los casos de empresas que pasan de giros de impresión a servicios de limpieza o de proveedores que aparecen reiteradamente en contratos públicos.

¿Qué decir de Segalmex? Uno de los casos de corrupción más graves de nuestra historia reciente, donde además hablamos de recursos destinados a la alimentación y al bienestar de millones de mexicanos.

La corrupción no solamente se mide en pesos: también en medicamentos que no llegan, obras que cuestan más y terminan con mala calidad, servicios deficientes y oportunidades que se pierden.

La ENCIG 2025 del INEGI señala que el 15.6% de quienes realizaron trámites, pagos, solicitaron servicios o tuvieron contacto con alguna autoridad experimentaron actos de corrupción. El costo estimado fue de 17 mil 707 millones de pesos. ¿Quién termina pagando ese costo?

La corrupción no nació ayer ni pertenece a un partido político. Ha estado presente en distintos gobiernos. Por eso también debemos reconocer cuando una administración investiga y sanciona. Pero reconocerlo no significa cerrar los ojos frente a lo que ocurre hoy.

En los próximos 17 procesos de entrega-recepción que se avecinan después del proceso electoral, los órganos de fiscalización tendrán la responsabilidad de entregar las llaves de una casa pública limpia.

Un auditor o contralor responsable debe decirle la verdad al gobernante y a la ciudadanía. La entrega-recepción no es el cierre de una administración; también es el inicio de una revisión. La ley alcanza.

Por eso, esas posiciones requieren personas capacitadas, con conocimiento, valor y honestidad. Hoy vemos a contralores perseguidos y algunos recluidos, así como a secretarios de Finanzas que enfrentan consecuencias años después de haber concluido sus cierres. Yo fui contralora de mi estado durante seis años. Tuve el privilegio de trabajar al lado de la primera mujer gobernadora de mi estado. Han pasado 16 años y la vida se ve distinta cuando tienes la tranquilidad de haber cumplido con tu responsabilidad y haber dicho la verdad. Eso de vivir en paz nadie te lo da.

Porque la sociedad pregunta: ¿Quién investiga? ¿Quién vigila? ¿Quién garantiza que la información llegue a los ciudadanos? ¿Quién sanciona cuando existen irregularidades?

No necesitamos llenar al país de nuevas leyes. Necesitamos que las que ya existen se cumplan y que las instituciones encargadas de aplicarlas tengan independencia, capacidad y reconocimiento.

Los cargos pasan. Los gobiernos pasan. Pero los documentos permanecen, las decisiones dejan huella y las responsabilidades pueden alcanzar a quienes ejercieron el poder muchos años después.

Por eso los hechos importan más que los discursos.

Y quizá dentro de algunos años muchos de quienes hoy toman decisiones tendrán que responder una pregunta sencilla: ¿qué hicieron cuando tuvieron el poder para combatir la corrupción: fortalecieron los controles y la transparencia, o simplemente cambiaron a quienes tenían el control?

@JulietDelrio

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