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Opinión

Transparencia sin pretextos, urge

Transparencia sin pretextos, urge

Saúl Monreal Ávila, docente de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ.

La transparencia no es una concesión graciosa del poder; es un derecho constitucional de la ciudadanía y una obligación permanente de toda autoridad.

Okashi Velasco
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19 de enero 2026

Un saludo amigas y amigos que nos siguen a través de este espacio, en estos tiempos ya no podemos tolerar que la ausencia de un órgano garante de la transparencia plenamente instalado se convierta en coartada para la opacidad municipal, la transparencia no es una concesión graciosa del poder; es un derecho constitucional de la ciudadanía y una obligación permanente de toda autoridad, exista o no una instancia administrativa en transición.

La eliminación de organismos autónomos que, en muchos casos, se alejaron de la gente y cayeron en prácticas suntuarias, no fue para debilitar derechos, sino para reordenar el Estado y devolverle sentido social a la función pública. En Zacatecas, el nuevo esquema Transparencia para el Pueblo nació con ese propósito. Sin embargo, el retraso en su instalación no suspende la ley ni exonera a nadie. Los ayuntamientos siguen obligados a publicar información, responder solicitudes y facilitar el acceso a datos públicos, pero con ese pretexto no lo hacen, aun siendo los municipios más grandes en población, producción, presupuesto y comercio.

Lo que estamos viendo, y lo digo con preocupación, es que algunos municipios se esconden detrás del vacío administrativo para hacer lo que les da la gana. Nos han llegado denuncias de ciudadanas y ciudadanos a quienes se les pretende cobrar por información pública, con el argumento de que “no hay personal”, que “hay que contratar a alguien”, o que “las copias digitales cuestan”, cuando esa información debería estar digitalizada y disponible desde hace años. Eso no es una falla técnica; es una práctica corrupta.

Les recordamos que en el tiempo en que nosotros estuvimos como alcalde en Fresnillo, todo el tiempo obtuvimos una calificación del 100 % en trasparencia y además, siempre entregamos la información que nos solicitaban, nunca tuvimos nada que esconder.

La ley es clara, no se puede cobrar por el acceso a la información; en su caso, sólo por la reproducción material y bajo criterios razonables. Inventar excusas para desalentar solicitudes es una forma de censura administrativa. Y cuando un gobierno municipal oculta, retrasa o condiciona información, algo quiere esconder. Así de simple.

Por eso, desde aquí hago un llamado firme y exigente a quien corresponda. A la Secretaría de la Función Pública del Estado, para que ejerza sus facultades de control interno y vigilancia y actúe de inmediato ante estos abusos. Y al Congreso local, en lo que les corresponda para Transparencia para el Pueblo opere ya, con reglas claras y dientes suficientes para sancionar.

Pero también se lo digo a las y los presidentes municipales, no se equivoquen. La rendición de cuentas no depende de si hay o no un instituto funcionando; depende de su voluntad de cumplir la ley.

Nosotros creemos en un gobierno abierto, austero y cercano a la gente. La transparencia no es un trámite, es ética pública y si los municipios quieren recuperar la confianza ciudadana, deben empezar por lo básico, abrir sus archivos aun sin que se los pidiera la ley, responder y dejar de poner pretextos.

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