

Iván Casas, Abogado Penalista.
En México, el terrorismo no se mide por el estruendo, sino por la intención. El artículo 139 del Código Penal Federal es preciso.
Iván Casas
El reloj marcaba las 15:30 del domingo 30 de agosto de 2026, cuando un automóvil con reporte de robo en Jalisco, cargado con un tubo metálico relleno de pólvora comprimida de uso minero, estalló frente a la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente.
El 29 de agosto, en los límites de Villa García, Zacatecas y Aguascalientes, fue capturado William Ariel N, de 18 años, originario de Aguascalientes, señalado como presunto sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Según la Fiscalía General de Zacatecas, habría detonado una motocicleta bomba al paso de una patrulla. El coche bomba de Ojocaliente habría sido la respuesta. El Gobierno de Zacatecas, a través del Secretario General Rodrigo Reyes Mugüerza, lo dijo sin rodeos: “Presumiblemente podría ser una reacción a detenciones y operativos”.
El mensaje es claro. Es venganza criminal. Pero la pregunta jurídica que ahora debe responder la Fiscalía General de la República es otra: ¿fue sólo venganza o ya es terrorismo?
En México, el terrorismo no se mide por el estruendo, sino por la intención. El artículo 139 del Código Penal Federal es preciso. Comete terrorismo quien, usando explosivos, realice actos contra bienes o personas que produzcan alarma, temor o terror en la población, con un fin específico: atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.
Los tres primeros elementos de Ojocaliente están acreditados. Hubo explosivo, hubo ataque a un bien público y a personas, y hubo terror. Testigos narraron casas destruidas. “Voló con todo y todo”, dijo un damnificado a Milenio. Las calles quedaron vacías por horas.
Falta el cuarto. El más difícil es el elemento subjetivo distinto al dolo. Para que un juez federal vincule por terrorismo, el Ministerio Público no puede presentar sólo un acto de represalia entre criminales y policías. Debe probar que el coche bomba no buscaba únicamente cobrarse la detención de un compañero, sino obligar al Estado a replegarse, a liberar a alguien, a dejar de operar en la frontera Zacatecas-Aguascalientes.
Esa diferencia no es semántica. Es de 30 años de prisión. Si se queda como venganza, el delito es delincuencia organizada, homicidio calificado en grado de tentativa, daños agravados y uso de explosivos reservados al Ejército.
Si se acredita la finalidad de presión política, es terrorismo federal, que alcanza hasta 40 años, más 15 por el uso de explosivos. La FGR tiene dos caminos. El primero, el histórico en México: evitar el tipo penal de terrorismo porque es difícil de sostener en juicio y se puede caer por la presión de probar la finalidad.
El segundo, el que marca la coyuntura de 2026: con 10 eventos con explosivos en Zacatecas en lo que va del año contra uno en 2024, y con el CJNG ya designado como organización terrorista extranjera por Estados Unidos, hay incentivo político y jurídico para atraer el caso a la FEMDO y judicializarlo. Por ahora, lo que hay es venganza con efectos de terrorismo. La población sintió terror, pero el expediente aún no prueba que el terror fuera el medio para doblar a la autoridad. Si en los teléfonos asegurados aparece un audio que diga “que se vaya la Guardia” o “que suelten al detenido”, Ojocaliente dejará de ser un ajuste de cuentas y entrará oficialmente en la estadística de terrorismo en México.
Es cuánto.