

Iván Casas, Abogado Penalista.
Actualmente, el Código Penal de Zacatecas contempla diversos supuestos en los que la violencia familiar se persigue de oficio, particularmente cuando existen circunstancias que incrementan la vulnerabilidad o gravedad del hecho.
Iván Casas
La violencia familiar es una problemática que requiere una respuesta firme del Estado, proteger a las víctimas, prevenir nuevas agresiones y evitar que los ciclos de violencia continúen son objetivos indispensables, sin embargo, convertir todos los casos de violencia familiar en delitos perseguibles de oficio también plantea riesgos que deben analizarse antes de modificar la legislación.
La diputada Guadalupe Isadora Santiváñez Ríos presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Zacatecas y establecer que el delito de violencia familiar se persiga de oficio, además de incorporar expresamente la obligación de las autoridades de actuar con perspectiva de género. La finalidad es evitar que una víctima pueda ser presionada o intimidada para retirar su denuncia y que ello impida la actuación del Estado.
El problema surge cuando esta medida pretende aplicarse a todos los casos sin distinguir su gravedad, contexto o nivel de riesgo.
Actualmente, el Código Penal de Zacatecas contempla diversos supuestos en los que la violencia familiar se persigue de oficio, particularmente cuando existen circunstancias que incrementan la vulnerabilidad o gravedad del hecho, como la minoría de edad, embarazo, utilización de armas, antecedentes de violencia o imposibilidad material de denunciar. Además, el Ministerio Público tiene obligaciones específicas de intervención y protección.
La iniciativa eliminaría, esa diferenciación, una vez que la autoridad tenga conocimiento de un hecho que pudiera constituir violencia familiar, la investigación podría continuar independientemente de que posteriormente la víctima considere que las circunstancias cambiaron.
Y aquí aparece uno de los principales riesgos: la pérdida de capacidad de decisión de la propia víctima sobre el conflicto. No todas las personas que denuncian se encuentran en la misma situación ni todos los casos presentan el mismo nivel de violencia o peligro. Una víctima puede posteriormente decidir separarse, establecer acuerdos respecto de sus hijos o buscar resolver determinados aspectos de su relación familiar sin continuar con una confrontación penal.
La persecución oficiosa puede impedir que esa voluntad tenga relevancia en la continuación del procedimiento y, en determinados casos, puede incrementar la confrontación entre integrantes de una misma familia, especialmente cuando existen hijos y la comunicación entre las partes debe mantenerse.
También existe un riesgo institucional, si todos los casos deben investigarse de oficio, aumentará el número de carpetas que requieren investigación, peritajes, entrevistas, medidas de protección y seguimiento judicial. Perseguir más no necesariamente significa investigar mejor. Sin recursos suficientes, una ampliación de la persecución penal puede traducirse en investigaciones deficientes y en una mayor saturación de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.
La protección de las víctimas no debe estar en discusión. Lo que sí debe discutirse es si una regla absoluta constituye la mejor herramienta para conseguirla.
El reto legislativo debería ser construir un sistema que permita una intervención inmediata y contundente cuando exista un riesgo real, pero que también distinga las circunstancias concretas de cada caso y respete los principios de proporcionalidad, debido proceso y presunción de inocencia.
Porque frente a un problema tan complejo como la violencia familiar, una respuesta más amplia no necesariamente es una respuesta más eficaz.
Es cuánto.