

Ángel “N”, exgobernador de Guerrero, fue vinculado a proceso por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.
El exgobernador de Guerrero, Ángel “N”, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas, relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La determinación fue emitida esta madrugada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, después de una audiencia que se prolongó durante casi 15 horas en los juzgados de El Altiplano.
De acuerdo con la FGR, el juez consideró que existen elementos suficientes para que continúe el proceso penal contra el exmandatario, a quien se señala por presuntamente haber recibido y ordenado la destrucción de información y material relacionado con los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.
Con la resolución judicial, Ángel “N” permanecerá bajo prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde fue ingresado el pasado 6 de agosto luego de ser detenido en Tepotzotlán, Estado de México.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal presentó, entre otros elementos, los testimonios de dos testigos protegidos identificados como BMREO y LGM.
El juzgador determinó que existen indicios que apuntan a que el entonces gobernador habría recibido y solicitado la eliminación de dos videos registrados por cámaras del sistema de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, en los que se habría observado el paso de los estudiantes durante el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Según los testimonios, las grabaciones habrían sido destruidas con el objetivo de ocultar una presunta relación entre mandos policiacos y grupos del crimen organizado.
El juez también estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
La defensa del exgobernador adelantó que apelará la vinculación a proceso, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía no demuestran la participación de su cliente en la destrucción de las evidencias.
Los abogados señalaron que durante la audiencia presentaron 31 datos de prueba para intentar demostrar que Ángel “N” no tuvo intervención en la desaparición de los videos.
Entre sus argumentos, la defensa sostuvo que el 29 de septiembre de 2014 el entonces gobernador no se encontraba en Chilpancingo, sino en la Ciudad de México, donde habría sostenido una reunión con el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
También cuestionaron la versión de las dos testigos protegidas, al señalar que ellas no habrían participado en reuniones de seguridad con altos funcionarios el 30 de septiembre de aquel año, donde presuntamente se habría dado la orden para destruir el material.
Entre los testimonios presentados por la defensa estuvieron los del exsecretario de Gobierno de Guerrero, Jesús Martínez Garnelo, y del entonces coordinador general de Transporte Aéreo, Felipe Martín Ornelas Rebollo.
Guillermo Barrada Cendón, abogado de Ángel “N”, manifestó su inconformidad con la resolución y aseguró que la defensa esperaba que el exgobernador pudiera recuperar su libertad después de la audiencia.
El litigante cuestionó particularmente las geolocalizaciones presentadas por el Ministerio Público, pues afirmó que se utilizó la ubicación de un teléfono celular que, según la defensa, no pertenecía a su cliente, para intentar colocarlo en Chilpancingo el 29 de septiembre de 2014.
Barrada Cendón confirmó que recurrirán la decisión judicial y aseguró que buscarán demostrar la inocencia del exmandatario durante las siguientes etapas del proceso.
Al mismo tiempo, expresó solidaridad con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y reconoció la gravedad de los hechos, señalando la importancia de que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido y conocer la verdad.
La acusación en su contra está relacionada con la presunta desaparición forzada de personas y con el supuesto ocultamiento o destrucción de evidencias que podrían contribuir a esclarecer el paradero de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.
Por ahora, el exgobernador continuará en el penal de El Altiplano, mientras avanza la investigación complementaria y se resuelve el recurso de apelación anunciado por su defensa.