

Gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío. | Foto: Cortesía.
Víctor Manuel Castro Cosío defendió la posibilidad de recuperar para el Estado empresas y servicios privatizados; sus declaraciones colocaron nuevamente la certeza jurídica en el centro de la discusión empresarial.
BAJA CALIFORNIA SUR.- El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, abrió un nuevo debate sobre la participación del Estado en actividades económicas al plantear la posibilidad de recuperar empresas y servicios que fueron privatizados en administraciones anteriores.
Durante declaraciones recientes, el mandatario mencionó sectores como la banca, las navieras, la aviación y los ferrocarriles, además de considerar que la expropiación puede utilizarse cuando una actividad privada provoque un perjuicio para la sociedad. Sin embargo, no anunció un procedimiento de expropiación contra una empresa específica.
La postura generó atención en el sector privado, particularmente en una entidad cuya economía depende en buena medida del turismo, los servicios, la construcción y las inversiones inmobiliarias. Para los empresarios, el debate también involucra las condiciones que necesitan los proyectos de largo plazo para operar bajo reglas previsibles.
Las declaraciones del gobernador ocurren mientras su administración mantiene antecedentes de conflictos con desarrolladores turísticos por el acceso a caminos costeros en Los Cabos.
Uno de los casos más relevantes corresponde al llamado Camino Costero de Cabo del Este. En abril de 2025, Castro Cosío encabezó la reapertura de un camino entre San José del Cabo y Cabo Pulmo, luego de que propietarios de predios costeros habían bloqueado el acceso.
El conflicto llegó posteriormente a tribunales. Grupo Vidanta promovió un juicio de amparo contra actos relacionados con el caso y, en mayo de 2025, un Tribunal Colegiado concedió una suspensión vinculada con los actos reclamados por la compañía. La empresa también anunció entonces una pausa en inversiones para Los Cabos.
Por su parte, el gobierno estatal sostuvo que los caminos y accesos involucrados constituían patrimonio público y defendió el libre acceso a las playas.
En este contexto, la preocupación empresarial no se limita a una eventual expropiación. La certeza jurídica y las condiciones para invertir a largo plazo forman parte central de la discusión.
Una inversión turística o inmobiliaria requiere terrenos, permisos, financiamiento, autorizaciones ambientales y contratos con horizontes de varios años. Por ello, cualquier señal relacionada con una eventual intervención estatal puede incorporarse al análisis de riesgos de los proyectos.
Al mismo tiempo, debe distinguirse entre regular una actividad privada, exigir el cumplimiento de la ley y expropiar un bien. La legislación mexicana contempla la expropiación bajo determinadas causas de utilidad pública y mediante un procedimiento establecido.
Castro Cosío planteó que, llegado el momento y cuando exista un perjuicio para la sociedad, el Estado podría recurrir a esa herramienta. Asimismo, propuso explorar esquemas en los que empresas privadas y gobierno compartan participación.
Así, sus declaraciones colocaron nuevamente sobre la mesa la relación entre propiedad privada, participación estatal e inversión, un debate que adquiere especial relevancia en Baja California Sur por el peso que tienen las actividades turísticas y los proyectos de largo plazo en su economía.