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La excomisionada del INAI advirtió que la desinformación, la violencia contra periodistas y las reservas de información justificadas bajo criterios de seguridad nacional amenazan el acceso ciudadano a documentos públicos.
MONTERREY.- El acceso a la información pública en México enfrenta una etapa crítica que exige resultados, instituciones responsables y garantías para la ciudadanía, afirmó Julieta del Río Venegas, excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que se conmemora el 28 de septiembre.
Desde su perspectiva, el país atraviesa un retroceso después de décadas de construcción institucional.
“México debe recordar que el derecho a saber no es una función burocrática ni depende de la voluntad de una autoridad, sino un derecho que requiere instituciones capaces de garantizarlo frente al poder”, sostuvo.
Del Río calificó el panorama como una situación en la que el derecho a saber permanece “en coma” y advirtió que no basta con organizar actos conmemorativos para defenderlo.
Recordó que México reconoció constitucionalmente el derecho a la información en 1977 y que, a partir de la transición democrática de 2000, periodistas, académicos y especialistas impulsaron leyes y mecanismos para garantizar que la ciudadanía pudiera consultar documentos gubernamentales.
La excomisionada destacó que, entre diciembre de 2003 y el 5 de marzo de 2025, el sistema resolvió más de 350 mil recursos de revisión. Además, la Plataforma Nacional de Transparencia recibió 10 millones 387 mil 942 solicitudes, de las cuales 9 millones 554 mil 444 correspondieron a información pública y 833 mil 048 a datos personales.
Según Del Río, estos resultados reflejan la importancia de contar con mecanismos que obliguen a las autoridades a responder y permitan impugnar negativas de información.
Entre los asuntos de relevancia nacional que mencionó figuran Ayotzinapa, Odebrecht, Segalmex, los créditos fiscales, el Tren Maya, el Tren Interoceánico, San Fernando, Tlatelolco y el socavón del Paso Exprés.
En el caso Ayotzinapa, recordó que el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) instruyó a la Procuraduría General de la República a permitir el acceso a una versión pública de la averiguación previa relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Asimismo, subrayó que la transparencia también ayuda a resolver necesidades cotidianas, como consultar expedientes clínicos, verificar semanas cotizadas ante el IMSS y ejercer derechos relacionados con los datos personales.
Del Río identificó tres desafíos centrales: combatir la desinformación mediante información verificable, proteger el ejercicio periodístico frente a la violencia y evitar que la seguridad nacional se convierta en un argumento general para ocultar documentos públicos.
También cuestionó que las personas deban recurrir a procesos judiciales para defender su derecho a saber y pidió mayor claridad sobre los criterios de resolución de las solicitudes.
A más de un año del cambio de modelo institucional, consideró necesario evaluar el funcionamiento de los mecanismos actuales y exigir solicitudes atendidas, reservas legalmente justificadas y una Plataforma Nacional de Transparencia accesible y operativa.
Finalmente, sostuvo que la transparencia no depende de edificios ni de estructuras administrativas, sino de la capacidad institucional para responder a la sociedad.
“La transparencia no se demuestra con discursos. Se demuestra cuando el ciudadano obtiene respuestas”, afirmó, al llamar a mantener vivo un derecho que, dijo, resulta indispensable para la democracia y la rendición de cuentas.