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Sheinbaum afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera revisa la información enviada por EU y que, hasta el momento, no ha identificado elementos que acrediten vínculos entre las compañías señaladas y el Cártel del Noroeste.
CIUDAD DE MÉXICO.-La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al gobierno de Estados Unidos presentar pruebas que sustenten las acusaciones contra 11 empresas señaladas por presuntos vínculos con el Cártel del Noroeste, luego de que autoridades estadounidenses anunciaran sanciones en su contra.
Durante su conferencia matutina del 14 de octubre, la mandataria explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha encontrado, hasta ahora, elementos suficientes para establecer una relación entre las compañías y una organización criminal.
“En particular, en este caso la UIF, hasta donde me han informado la Secretaría de Hacienda, no tiene el vínculo que pudieran tener con una organización delictiva”, declaró Sheinbaum, de acuerdo con la información publicada por Excélsior.
La postura del Gobierno de México se centra en revisar los datos disponibles antes de determinar si existen elementos que justifiquen otras acciones en territorio nacional.
El caso comenzó después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunciara sanciones contra las 11 empresas por sus presuntos nexos con el Cártel del Noroeste.
Además, la autoridad estadounidense advirtió sobre la posibilidad de que esa organización criminal hubiera buscado infiltrarse en las elecciones presidenciales de México o ejercer influencia en el proceso electoral.
Ante estos señalamientos, Sheinbaum indicó que la UIF ya recibió información de las autoridades estadounidenses y trabaja en la recopilación y revisión de evidencias para determinar si existen elementos que respalden las acusaciones.
De esta manera, el Gobierno mexicano busca establecer si los datos proporcionados permiten acreditar los presuntos vínculos delictivos. Sin embargo, la existencia de sanciones impuestas por Washington no sustituye la necesidad de revisar las pruebas disponibles en México.
La revisión de la UIF será relevante para determinar si la información recibida aporta elementos que permitan avanzar en el análisis del caso.
Sheinbaum sostuvo que las autoridades mexicanas examinarán la información disponible y evaluarán los resultados de las investigaciones financieras. Si la UIF no encuentra pruebas que acrediten los presuntos vínculos de las compañías con el crimen organizado, las sanciones anunciadas por Estados Unidos permanecerán dentro del ámbito de las medidas que puede aplicar el gobierno de ese país.
En ese escenario, las decisiones de Washington no implicarían automáticamente que las autoridades mexicanas deban adoptar las mismas medidas, pues cada instancia debe actuar conforme a sus atribuciones y a los elementos que tenga a su disposición.
La mandataria no detalló cuáles son las 11 empresas sancionadas ni precisó qué evidencias específicas entregaron las autoridades estadounidenses. Tampoco informó cuándo concluirá la revisión que realiza la UIF.
Por ahora, el Gobierno de México mantiene abierta la revisión de la información para establecer si existen elementos que sustenten los señalamientos. La exigencia de pruebas plantea, además, la necesidad de que ambos países compartan información verificable para esclarecer posibles vínculos entre empresas y organizaciones criminales.