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Sheinbaum rechaza acuerdos políticos con Maru Campos por caso del exfiscal de Chihuahua

Sheinbaum rechaza acuerdos políticos con Maru Campos por caso del exfiscal de Chihuahua

Foto: Cortesía.

La presidenta negó haber negociado la detención de César Jáuregui a cambio de ofrecer una embajada a la gobernadora panista y sostuvo que corresponde a las fiscalías determinar si existen elementos para investigar a otros funcionarios.

Jaime cuevas
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20 de octubre 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que exista un pacto político con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para proceder contra el exfiscal estatal César Jáuregui Moreno a cambio de eximirla de responsabilidades por la presunta participación irregular de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico.

Durante su conferencia matutina de este martes 20 de octubre, la mandataria desmintió las versiones sobre un supuesto acuerdo que, según los señalamientos difundidos, contemplaría la detención del exfuncionario y el ofrecimiento de una embajada a la gobernadora de extracción panista.

“La justicia está por encima, incluso, de la política.

Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia”, afirmó Sheinbaum al descartar que su administración negocie con autoridades estatales para determinar quién debe enfrentar un proceso penal.

La presidenta también aclaró que no le corresponde exonerar a Campos ni anticipar el resultado de las investigaciones. En cambio, señaló que las autoridades ministeriales deben revisar las pruebas y establecer si existen elementos suficientes para fincar responsabilidades.

“No es mi papel (exonerar).

En todo caso es papel de la fiscal investigar y la Fiscalía investiga hasta dónde hay pruebas”, expresó, de acuerdo con los reportes de su conferencia.

Investigación por participación de agentes estadounidenses

El caso se relaciona con un operativo realizado en abril en la zona de El Pinal, en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, donde participaron agentes estadounidenses presuntamente vinculados con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El asunto adquirió relevancia nacional después de que se conociera la presencia de los agentes extranjeros en territorio mexicano y se reportara un accidente carretero en el que murieron dos de ellos y dos integrantes de la Fiscalía estatal.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que los agentes estadounidenses participaron en las acciones contra el narcotráfico, así como la posible falta de autorización federal para su intervención. El caso abrió un debate sobre la soberanía nacional y los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad.

César Jáuregui enfrenta acusaciones relacionadas con su presunta actuación en estos hechos, mientras las autoridades judiciales deberán determinar su situación jurídica con base en las pruebas presentadas.

Maru Campos respalda la actuación de las autoridades

Por su parte, la gobernadora de Chihuahua defendió la actuación de las instituciones estatales y sostuvo que la investigación sobre los hechos de El Pinal avanzó conforme a los procedimientos legales.

Campos aseguró que su administración creó una unidad especializada para esclarecer el caso y que, una vez concluida la etapa correspondiente de la investigación estatal, el asunto pasó a manos de las autoridades judiciales. También afirmó que nadie está por encima de la ley.

La postura de la mandataria estatal se produjo después de la detención de su antiguo colaborador, quien encabezó la Fiscalía General del Estado. El caso también provocó tensiones políticas dentro del Partido Acción Nacional (PAN), debido al distanciamiento entre ambos funcionarios.

Mientras tanto, el Gobierno federal mantiene su posición de que la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad debe respetar las leyes mexicanas y que la participación directa de agentes extranjeros en operativos nacionales requiere cumplir las disposiciones correspondientes.

Sheinbaum insistió en que la investigación debe avanzar sin negociaciones políticas y que las fiscalías tienen la responsabilidad de establecer si existen pruebas contra otros posibles involucrados. De esta manera, evitó anticipar si la gobernadora deberá responder ante las autoridades por los hechos investigados.

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