

Raúl Muñoz Del Cojo.
La propuesta es subirlo otro 35%, lo que lo llevaría a alrededor de 1,327 pesos por turista, equivalente a unos 65 dólares solo por el derecho de entrada.
Hoy comentaré con usted de esas cosas que pasan en este México surrealista. Sin más rodeos me iré a una noticia que salió en la semana y que a todos los que trabajamos en turismo y hotelería nos debe preocupar profundamente. El Gobierno federal confirmó que el Paquete Económico 2027 contempla un nuevo aumento al Derecho de No Residente, el DNR, de aproximadamente 35%. Y como en ocasiones anteriores, ese dinero no irá a promover a México como destino turístico, se destinará a la manutención de las necedades de un anciano.
Por si no sabe qué es este impuesto, el Derecho de No Residente es un cobro que paga todo turista extranjero al ingresar a México por vía aérea. En 2025 costaba 861 pesos por persona y para 2026 subió a 983 pesos, un incremento del 14.2%. La nueva es que ahora, para 2027, la propuesta es subirlo otro 35%, lo que lo llevaría a alrededor de 1,327 pesos por turista, equivalente a unos 65 dólares solo por el derecho de entrada; por supuesto antes de pagar hotel, comida o cualquier otro servicio adquirido en destino.
En términos globales, el DNR genera actualmente una recaudación de 36 mil millones de pesos anuales, cifra extraordinaria que, originalmente etiquetada para promoción turística y para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, debería estar posicionando a México en las ferias internacionales, financiando campañas digitales, manejando agencias de control de daños y construyendo la infraestructura que los destinos del interior como Zacatecas necesitan urgentemente. Esto es el famoso “deber ser”. Pero ¿qué cree? no lo es.
Desde que el gobierno anterior decidió redirigir los recursos del DNR, ese dinero dejó de ir a promoción turística y comenzó a financiar proyectos que hoy son, con toda honestidad, barriles sin fondo. Para que se dé una idea, El Tren Maya y los hoteles militares acumularon pérdidas conjuntas superiores a los 6,398 millones de pesos en 2025, con ingresos que representan apenas la vigésima parte de sus costos operativos. En el primer trimestre de 2026 las pérdidas superaron los 2,283 millones de pesos adicionales.
Este dinero que el visitante extranjero paga al entrar, convencido de que contribuye a mejorar la experiencia turística del país, y que termina subsidiando operaciones militares deficitarias que el mercado, que si fuera libre, ya habrían cerrado. La presidenta Sheinbaum declaró que los recursos adicionales irán a digitalizar los procesos migratorios, pero con todo el respeto que merece su investidura, digitalizar migración es una responsabilidad presupuestal del gobierno federal que no debería financiarse con un impuesto que originalmente existe para la promoción turística de nuestro país.
El turista internacional de hoy compara. Antes de reservar un viaje a México, revisa cuánto cuesta ir a Colombia, a Perú, a República Dominicana, a Costa Rica. Y lo que encuentra es esto: Colombia no cobra ningún derecho de entrada a los turistas extranjeros. Perú tampoco. Costa Rica no tiene ningún cobro de este tipo para la gran mayoría de nacionalidades. República Dominicana cobra apenas 10 dólares, equivalentes a unos 200 pesos mexicanos, incluidos en el boleto de avión.
México, en cambio, cobrará en 2027 alrededor de 65 dólares solo por el DNR, sin contar otros derechos migratorios. Mientras nuestros competidores directos en América Latina reciben al turista con brazos abiertos y sin cobros onerosos, México le pasa la factura desde el momento en que aterriza. Y encima, ese dinero no regresa a la industria que lo genera. El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Rodrigo de la Peña, lo resumió con precisión: “Un incremento adicional al DNR, sin duda, resta competitividad.”
Y aquí es donde tengo que ir más allá del análisis hotelero, porque creo que este tema tiene una dimensión que pocas veces se menciona con la claridad que merece. El turismo en México genera 33 mil millones de dólares anuales en divisas, representa el 8.7% del PIB y da empleo directo e indirecto a más de cinco millones de familias. Es la segunda fuente de ingresos del país después de las remesas y por encima del petróleo.
Puede sonar exagerado pero no lo es: cuando una política pública sistemáticamente debilita esa industria, cuando desvía sus recursos hacia proyectos deficitarios, cuando encarece la entrada al país frente a competidores que no cobran nada y cuando deja de invertir en la promoción que atrae los flujos de visitantes que sostienen millones de empleos, estamos ante un problema que trasciende lo hotelero y lo turístico. Estamos ante un grave problema de ignorancia económica.
Cinco millones de familias que viven del turismo no son una estadística, son comunidades enteras cuyo bienestar depende de que el turista extranjero elija México sobre República Dominicana, sobre Colombia, sobre Costa Rica; países que en la última década han hecho un excelente trabajo de promoción.
Le recuerdo que cada peso que le cobramos de más al visitante, cada millón que desviamos de la promoción hacia un tren vacío, es una decisión que debilita esa cadena y que pone en riesgo el sustento de millones de mexicanos. Eso, con cualquier definición razonable, es un asunto de seguridad nacional.
¿Qué queremos? La respuesta es sencilla, que el dinero del DNR regrese a la industria que lo genera: promoción turística real, infraestructura y conectividad. Debe revisarse con lupa el modelo deficitario del Tren Maya y los complejos militares, y antes de cobrarle más al turista, el gobierno debe preguntarse si está ofreciendo más a cambio.
México sin duda tiene todo para ser el quinto destino más visitado del mundo, pero ese objetivo será inalcanzable encareciendo la entrada y gastando el dinero en caprichos que nacieron muertos.
Hasta la próxima.