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Trotamundos

Esas desigualdades que incomodan

Esas desigualdades que incomodan

Raúl Muñoz Del Cojo.

Las plataformas de renta de corta estancia como Airbnb, Vrbo y similares operan en México prácticamente sin ninguna regulación equiparable.

Jaime cuevas
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9 de octubre 2026

Esta semana siento la obligación de comentar con usted varios temas que me generan sentimientos encontrados. En los últimos días se han acumulado tres noticias que, vistas por separado, parecen razonables e incluso loables. Vistas juntas, cuentan una historia que los hoteleros del país llevamos años denunciando sin que nadie termine de escucharnos: cada vez se nos exige más a los establecimientos de hospedaje formales, mientras que las plataformas de renta de corta estancia, siguen operando en un limbo regulatorio que les da ventajas que ningún hotel podría permitirse; eso sí, y como lo comentó en nuestra junta de consejo pasada el presidente de los hoteleros de Jalisco, dichas regulaciones son una oportunidad para demostrar la nobleza y rectitud en la hotelería.

La primera noticia vino hace unas semanas cuando la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, invitó a todos los prestadores de servicios de hospedaje del país a realizar o mantener vigente su proceso en el Sistema de Clasificación Hotelera, una herramienta de autoevaluación regulada por la SECTUR que otorga una categoría representada por estrellas con vigencia de dos años.

El objetivo declarado puede justificarse como una herramienta para que el turista sepa con claridad qué calidad de servicio va a encontrar antes de reservar. El problema es que este sistema de clasificación es, en la práctica, una reliquia conceptual que el mercado ya resolvió con mucha mayor eficiencia y profundidad. Booking, Expedia, TripAdvisor y Google Maps entre otras,  recopilan millones de opiniones de huéspedes, actualizadas en tiempo real, que le dicen al viajero con una precisión que ningún cuestionario gubernamental puede igualar, cómo es exactamente la experiencia en cada establecimiento.

Un hotel con 4.8 de calificación en 2,000 reseñas por ejemplo, le dice más al viajero que una constancia de categoría emitida hace 18 meses. Las OTAs ya nos califican y lo hacen mejor. Pedirle al hotelero que cumpla llenando un cuestionario de autoevaluación gubernamental cada dos años es adicionar un trámite como muchos existentes sin ningún valor agregado.

Lo más lamentable es que seguramente estos cuestionarios para la clasificación, son diseñados por personas detrás de un escritorio en la secretaría, carentes de experiencia y conocimiento real de la hotelería, donde no tomarán en cuenta detalles que verdaderamente importan, haciendo de esto un auténtico “sin sentido”.

La segunda noticia llegó el miércoles. El Senado aprobó por unanimidad, con 104 votos, una reforma a la Ley General de Turismo que obliga a cualquier adulto que pretenda hospedarse acompañado de un menor a acreditar parentesco, patria potestad, tutela o guarda y custodia mediante documentos oficiales. Si no puede hacerlo, el hotel deberá negar el servicio y avisar a las autoridades.

La causa que motiva esta reforma es absolutamente legítima e impostergable. México y Tailandia encabezan el ranking mundial de turismo sexual infantil. Entre 17 y 21 mil menores son víctimas de explotación sexual cada año en nuestro país. Si esta ley puede proteger a un solo niño, vale la pena su implementación. En eso no hay discusión posible.

Lo que sí merece discusión es la implementación práctica. El recepcionista de un hotel de Fresnillo o de Jerez por ejemplo que hoy ya maneja el check-in, el cobro, la PUI y decenas de otros procesos, deberá convertirse también en verificador de documentos de identidad y relaciones familiares, con la responsabilidad legal de negar el acceso a quien no cumpla y de reportar a las autoridades en caso de sospecha. Es una responsabilidad nueva, enorme y sin capacitación ni recursos adicionales para asumirla. Qué pena que pasamos de prestadores de servicios a inspectores o policías, en un país donde nuestras autoridades no hacen lo que deberían.

Y aquí llegamos al punto que más me preocupa y que ninguna de estas dos reformas menciona siquiera: mientras los hoteles formales acumulamos obligaciones; las plataformas de renta de corta estancia como Airbnb, Vrbo y similares operan en México prácticamente sin ninguna regulación equiparable.

Un anfitrión de Airbnb no tiene que clasificar su propiedad en el sistema hotelero, no tiene que verificar el parentesco de los adultos que llegan con menores, no tiene que cumplir con la PUI, no paga los mismos impuestos, no cumple los mismos requisitos de seguridad;  y sin embargo, compite directamente con nosotros por el mismo viajero, en las mismas plataformas digitales y con las mismas fechas de alta demanda.

En México operan hoy más de 350,000 propiedades en plataformas de renta vacacional. Si la ley de protección de menores aplica solo a los hoteles registrados y no a esas 350,000 propiedades, estamos creando precisamente el vacío legal donde los depredadores que queremos combatir encontrarán refugio. Porque quien va a explotar a un menor no va a un hotel con un recepcionista que le pide documentos, va a un departamento de Airbnb donde nadie pregunta nada.

Tres requisitos nuevos en pocos meses: la PUI, la clasificación hotelera y ahora la verificación de parentesco. Sin discusión apoyaremos cuando se trata de proteger a nuestros huéspedes y a la sociedad. Pero como en todo, la moneda tiene otra cara y por esto, exigimos que las mismas reglas apliquen para todos los que ofrecemos hospedaje en México. No puede ser que la carga regulatoria caiga siempre sobre quienes ya estamos en regla, mientras quien opera en la informalidad digital sigue sin la obligación de rendirle cuentas a nadie.

Eso no es regulación, es una desventaja competitiva disfrazada de política pública.

Hasta la próxima.

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