Cada día qué pasa, son más las voces qué con mayor fuerza señalan la apremiante necesidad de atender de mejor manera la condición de inseguridad qué lastima a nuestro país, con magnitud variable según la región del país de qué se trate, pero sin duda, para la población en general, vivir en paz y sentir … Leer más
Cada día qué pasa, son más las voces qué con mayor fuerza señalan la apremiante necesidad de atender de mejor manera la condición de inseguridad qué lastima a nuestro país, con magnitud variable según la región del país de qué se trate, pero sin duda, para la población en general, vivir en paz y sentir condiciones de seguridad es una prioridad de vida.
Después de tantos años y según una encuesta nacional, 65 por ciento de la gente qué vive en zonas protegidas por militares, quieren qué permanezcan en la región, y menos de diez por ciento nacional considera qué todos de inmediato deben volver a cuartel.
En fin, la tarea militar sigue pero sin regulación, haciéndose cada vez más necesaria la llamada ley de seguridad interior.
La cuál, tiene como objeto delimitar las circunstancias que pudieran generar afectaciones extraordinarias a la seguridad interior; además de regular las medidas excepcionales que debe implementar el Estado para su atención y resolución, así como definir las autoridades que deben participar en su ejecución.
La Iniciativa también establece que la seguridad interior comprende la preservación de la integridad y permanencia del Estado Mexicano, en todo o en una parte del territorios nacional, así como la preservación colectiva de la integridad física y patrimonial de la población y el pleno goce de los derechos humanos y sus garantías.
Los actos que pueden afectar la seguridad Interior son, el impedimento en la ejecución de acciones por las autoridades para la protección de la nación mexicana, ante amenazas y riesgos internos derivados de la acción del hombre o de la naturaleza; la alteración de la paz pública que amenaza en forma grave la vigencia de los derechos humanos y sus garantías; la alteración del orden constitucional que altera en forma grave el funcionamiento regular de las instituciones de gobierno; el impedimento o alteración de la forma democrática de organización política en los distintos órdenes de gobierno, la generación de riesgo entre uno o más integrantes de la Federación señalados en la Constitución.
Esta semana se reúnen las comisiones dictaminadoras a tratar el tema, veremos si sale.
Imagen Zacatecas – Claudia Edith Anaya Mota