

La Guerra Cristera enfrentó a grupos católicos y al Gobierno mexicano entre 1926 y 1929.
La Guerra Cristera, también conocida como la Cristiada, fue uno de los episodios más complejos de la historia moderna de México. El conflicto armado surgió a partir de las tensiones entre el Gobierno y la Iglesia Católica por las restricciones establecidas para limitar la participación religiosa en la vida pública del país.
La confrontación, que tuvo su etapa principal entre 1926 y 1929, provocó enfrentamientos armados, persecución religiosa y la muerte de miles de personas. Aunque oficialmente terminó con los llamados “Arreglos” de 1929, las hostilidades y la persecución contra grupos cristeros continuaron durante varios años.
Para entender el origen de la Cristiada es necesario remontarse a la Constitución de 1917, que estableció diversas disposiciones para limitar la influencia de la Iglesia y someter sus actividades a la regulación del Estado.
Entre los artículos que generaron mayor tensión estuvieron:
Estas disposiciones generaron inconformidad entre amplios sectores de la población católica.
La tensión aumentó en 1926, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, cuando entró en vigor una legislación conocida como Ley Calles, que establecía sanciones para quienes incumplieran las disposiciones relacionadas con el culto religioso.
Entre las medidas se encontraban restricciones para celebrar actos religiosos fuera de los templos, sanciones por utilizar vestimenta religiosa en espacios públicos y disposiciones contra sacerdotes extranjeros.
También se establecieron medidas contra las órdenes religiosas y se limitaron las expresiones públicas de los ministros de culto relacionadas con las leyes y autoridades del país.
Ante este escenario, el 31 de julio de 1926 se suspendieron los servicios religiosos públicos en México. Esta decisión se convirtió en uno de los principales detonantes de la rebelión armada conocida como la Cristiada.
La suspensión del culto provocó una fuerte reacción entre sectores de la población católica. En distintas regiones del país comenzaron levantamientos armados contra las fuerzas federales.
La resistencia no fue uniforme. Mientras algunos obispos respaldaron la oposición al Gobierno, otros rechazaron que los fieles recurrieran a las armas y defendieron una resistencia pacífica.
El movimiento tuvo una importante presencia en estados del centro y occidente del país, particularmente en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima.
El historiador Jean Meyer, uno de los principales investigadores de la Cristiada, ha señalado que fueron principalmente campesinos quienes sostuvieron buena parte de la lucha guerrillera.
La resistencia contó con diferentes actores, desde organizaciones civiles hasta militares y laicos que se convirtieron en símbolos de la persecución religiosa.
Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa
La Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, conocida como “La Liga”, tuvo un papel fundamental en la organización del movimiento.
Antes de la lucha armada impulsó acciones como la recolección de firmas para solicitar modificaciones a la Constitución y un boicot económico contra las disposiciones gubernamentales.
Enrique Gorostieta
Enrique Gorostieta fue uno de los principales dirigentes militares de los cristeros. General de carrera y reconocido estratega, asumió el liderazgo militar del movimiento.
Murió el 2 de junio de 1929, poco antes de que se concretaran los acuerdos que pusieron fin a la primera etapa de la guerra.
Anacleto González Flores
El beato Anacleto González Flores, conocido como el “Maistro Cleto”, fue uno de los principales líderes laicos de la resistencia católica.
A diferencia de los grupos armados, impulsó principalmente acciones civiles y pacíficas contra las políticas del Gobierno. Fue asesinado el 1 de abril de 1927.
José Sánchez del Río
Uno de los personajes más conocidos de la Cristiada es José Sánchez del Río, un adolescente que se incorporó al movimiento cristero.
Fue capturado, torturado y asesinado. Antes de morir mantuvo su defensa de la fe católica. Con el paso de los años fue reconocido como santo por la Iglesia Católica.
Miguel Agustín Pro
El sacerdote jesuita Miguel Agustín Pro también se convirtió en uno de los símbolos de la persecución religiosa.
Fue ejecutado el 23 de noviembre de 1927. La fotografía de su fusilamiento, en la que aparece con los brazos extendidos, se convirtió en una de las imágenes más representativas de aquel periodo.
Los mártires de la Guerra Cristera
Durante la persecución religiosa fueron asesinados numerosos sacerdotes y laicos.
Entre los religiosos posteriormente canonizados se encuentran Luis Bátis Sáinz, José María Robles Hurtado, Mateo Correa Magallanes, Miguel de la Mora de la Mora, Rodrigo Aguilar Alemán y Pedro de Jesús Maldonado Lucero.
Los seis sacerdotes pertenecían a los Caballeros de Colón, organización que tuvo participación en el respaldo a la libertad religiosa durante ese periodo.
Fueron canonizados el 21 de mayo de 2000 por el papa Juan Pablo II, junto con otros mártires mexicanos.
La primera etapa de la Guerra Cristera concluyó oficialmente el 21 de junio de 1929, cuando representantes de la Iglesia y del Gobierno llegaron a los llamados “Arreglos”.
En las negociaciones participaron el arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores, el obispo de Tabasco Pascual Díaz y el entonces presidente Emilio Portes Gil, sucesor de Plutarco Elías Calles.
Los acuerdos no modificaron la Constitución de 1917 ni eliminaron la Ley Calles. En cambio, establecieron un acuerdo práctico mediante el cual el Gobierno dejaría de aplicar las disposiciones anticlericales de manera estricta, mientras la Iglesia reanudaría el culto y los cristeros entregarían las armas.
Aunque la guerra terminó oficialmente, la violencia contra antiguos combatientes cristeros no desapareció.
El historiador Jean Meyer ha documentado que numerosos excombatientes fueron asesinados después de los acuerdos de 1929. Este periodo es conocido en algunos estudios como la “segunda Cristiada” y se extendió durante buena parte de la década de 1930.
La resistencia posterior fue más limitada y tuvo menos recursos que la primera etapa del conflicto.
El camino hacia una relación distinta entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica tomó varias décadas.
En 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se realizaron reformas constitucionales que permitieron reconocer la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas.
Ese mismo año entró en vigor la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que estableció un nuevo marco jurídico para las relaciones entre las instituciones religiosas y el Estado.
A partir de entonces, la Iglesia Católica pudo contar con personalidad jurídica y adquirir determinados bienes bajo las condiciones establecidas por la legislación.
Sin embargo, la legislación mexicana mantiene restricciones para que las asociaciones religiosas y los ministros de culto sean propietarios o administradores de estaciones de radio, televisión y otros medios de comunicación masiva.
A un siglo del inicio de la Guerra Cristera, el episodio continúa formando parte de los debates sobre la relación entre religión, libertad de culto y Estado en México.
La Iglesia Católica ha llamado a recordar a quienes murieron durante la persecución religiosa, pero también ha planteado que la conmemoración debe servir para reflexionar sobre el papel de la libertad religiosa en la sociedad actual.
La Guerra Cristera no sólo dejó una profunda huella en estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima. También marcó la historia política y religiosa del país y contribuyó a definir la compleja relación entre la Iglesia y el Estado mexicano que prevaleció durante gran parte del siglo XX.